
Misael Salazar F.
Ni siquiera los muertos escapan al aparato corrompido del Estado colombiano.

La Contraloría General de la República descubrió que, en plena época de pandemia, los corruptos también hicieron fiesta con las raciones alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los beneficiarios de las raciones alimentarias del referido instituto fueron 15.000 personas que aparecen en el registro como fallecidos. Y de acuerdo con la investigación, esos 15 mil muertos se “comieron” 28.000 raciones alimentarias.
El daño patrimonial al Estado colombiano, como consecuencia de esta acción fraudulenta, asciende a los 2 mil 400 millones de pesos y fue descubierto por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), organismo creado por la Contraloría General de República para evaluar los contratos en tiempo real y lanzar las alertas respectivas en plena época de pandemia.
Los departamentos más afectados
El escándalo de corrupción con las raciones alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según la Contraloría, se concentra en cinco departamentos del país.
En Atlántico, por ejemplo, entregaron 6.890 raciones a 3.595 fallecidos.
En La Guajira, 2.167 personas fallecidas resultaron recibiendo 5.392 raciones. En el departamento del Magdalena, los muertos recibiendo raciones alimenticias llegaron a 992 y en Sucre hay 634 fallecidos recibiendo 1062 raciones.
Otro de los departamentos afectados es Norte de Santander, donde un ciudadano dijo ser el acudiente de 195 personas y recibió igual número de raciones para beneficiarios distribuidos en los municipios de Teorama, Acarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen.
Valle del Causa, Chocó y Antioquia, también aparecen en la lista de departamentos donde hay serias irregularidades en la entrega de raciones alimentarias durante la pandemia.
Compleja red de corrupción
La trama corrupta en la entrega de raciones alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se suma a las muchas denuncias e investigaciones realizadas por la Contraloría, durante la época de pandemia.
La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, hallaron muchos contratos fraudulentos en la entrega del PAMI durante la pandemia. También detectaron muchos otros contratos chimbos en la entrega de bolsas alimentarias cuyo supuesto destino era contribuir con las familias vulnerables afectadas por la crisis que generó la expansión el Covid-19.
Como consecuencia de estas investigaciones, hay gobernadores, alcaldes y funcionarios destituidos y otros sometidos a procesos disciplinarios en cada uno de estos organismos de control.