9 gobernaciones y 22 municipios investigados por la Contraloría

Contraloría

Al menos 9 gobernaciones y 22 municipios del país se hallan bajo la mira de los investigadores de la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en la firma de contratos vinculados con la emergencia por Covid-19 en Colombia.

Un boletín de la propia Contraloría señala que hay contratos sometidos a investigación y con hallazgos de presuntas irregularidades en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Guaviare, Vichada, Tolima, Nariño, Casanare, Valle del Cauca y Boyacá.

Entre los municipios en la mira del órgano contralor se hallan Ramiriquí y Susacón (Boyacá), Curumaní y Chiriguaná (Cesar), Tumaco (Nariño), Abejorral (Antioquia), Granada, Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta), Puerto Carreño (Vichada), Cali (Valle del Cauca), Montería y Puerto Escondido (Córdoba), Alcaldía Local Santa Fe (Bogotá), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Barrancabermeja y Girón (Santander), Medellín (Antioquia), Malambo (Atlántico), Cota, Guaduas y Tocancipá (Cundinamarca), entre otros.

¿Qué consiguió la Contraloría?

La mayoría de los contratos bajo observación de la Contraloría están relacionados con la adquisición de compra de kits alimenticios con destino a las familias vulnerables que quedaron sin trabajo producto de la cuarentena y el aislamiento preventivo decretado por el gobierno.

En muchos de estos contratos existe un supuesto o presunto sobreprecio en la adquisición de los productos alimenticios que conforman kits. Hay otros contratos cuyos montos se destinaron a resolver problemas o asuntos que no tienen nada que ver con la emergencia sanitaria, como sucede con uno firmado en Departamento del Tolima, destinado a promover la imagen del mandatario regional.

Proceso contra gobernador de Arauca

Al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, la Contraloría le abrió proceso de Responsabilidad Fiscal por un contrato de 1.050 millones de pesos. Además, en la investigación y el proceso quedaron involucrados el Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social, el Coordinador de Gestión de Riesgo y la firma contratista Mael SAS Zomac.

Según el órgano contralor, habría un presunto sobrecosto en la adquisición de 33.437 kits de ayuda alimenticia para las familias vulnerables. Se detectaron fallas en todo el proceso de elaboración y ejecución del contrato.

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