Hay un gobernador suspendido. Otro con un proceso de Responsabilidad Fiscal abierto y tres más que podrían recibir notificación en cualquier momento.
La Contraloría General de la República, en su más reciente informe, señala que hay abiertas investigaciones por la realización de contratos relacionados con la emergencia del Covid-19, en 26 de los 32 departamentos del país.
De manera específica, el ente contralor señala la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal, que involucran la cantidad de 2.246 millones de pesos. Una de esas medidas afecta al gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo y el segundo caso tiene que ver con un contrato en Sincelejo, la capital del Departamento de Sucre.
Contra el gobernador del departamento de Arauca hay otro proceso abierto por un contrato de 570 millones de pesos aprobado para la realización de las ferias y fiestas del municipio de Cravo Norte, en plena pandemia.
El informe del contralor, Carlos Felipe Córdoba, no proporciona los nombres de los 26 departamentos del país donde hay objeciones a contratos por presunto sobreprecio en la adquisición de kits alimenticios para las familias vulnerables, la adquisición de equipos médicos, la contratación de personal y la firma de contratos para promocionar la imagen de un mandatario departamental.
En los informes preliminares, no obstante, la Contraloría ha señalado, además del departamento de Arauca, al departamento del Chocó, cuyo gobernador, Ariel Palacios, fue suspendido por tres meses mientras concluyen las investigaciones. A Palacios se le acusa de graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos para atender la emergencia del Covid-19.
La principal objeción al gobernador chocoano tiene que ver con un contrato por 2.000 millones de pesos que él mismo firmó para llevar adelante campañas educativas y culturales, cuando lo que necesitaba el pueblo del Chocó eran kits alimenticios y equipos médicos para atender la emergencia del Covid-19.
Otros casos investigados
De acuerdo con un informe proporcionado por los tres entres contralores (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría), hay proceso abiertos contra los gobernadores de los departamentos de El Vichada, Magdalena y San Andrés, aparte de los ya citados casos de Arauca y Chocó.
Departamento del Cesar
Dicho por los propios órganos de control, uno de los casos más complejos es el de la Gobernación del Cesar, donde se investigan 40 contratos por un monto de 14.000 millones de pesos. Dichos contratos fueron entregados a fundaciones cuyo objeto social es muy distintos a las tareas asignadas por los cuestionados contratos. En este caso, también aparecen vinculados dos diputados, quienes supuestamente estarían haciendo política con las ayudas aprobada en dichos contratos.
Valle del Cauca
En el despacho del Contralor Córdoba hay cuatro contratos vinculados con la gobernación del Valle del Cauca. Todos los contratos tienen presunto sobrecosto en la adquisición de kits alimenticios para atender a familias vulnerables, pero hay uno por 2.230 millones de pesos, donde ya se ha detectado un sobrecosto de aproximadamente 31%.
Otros procesos abiertos
Adicionalmente, los órganos de control tienen proceso abiertos contra los gobernadores de los departamentos de Nariño, Casanare y Tolima y anunció que en el transcurso de esta semana darán a conocer el resultado y los adelantos de nuevas investigaciones.
Casos en Procuraduría
Contra algunos gobernadores del país, en la Procuraduría hay 24 procesos disciplinarios abiertos, correspondientes a 14 gobernaciones y más de 70 casos en 56 municipios. En el caso de la Contraloría son 26 las gobernaciones bajo investigación y 67 alcaldías del país.
