Un contrato que la alcaldesa del Socorro, Claudia Luz Alba Ramírez firmó con motivo de la emergencia por el Covid-19, fue la causa para que la Procuraduría General de la Nación la suspendiera del cargo por 5 meses.
En realidad, la alcaldesa firmó dos contratos: uno, por 200 millones para la compra de kits alimenticios destinados a las familias vulnerables del municipio.
Y un segundo contrato por $125.756.280 (ciento veinticinco millones, setecientos cincuenta y seis mil, doscientos ochenta pesos), destinados a atender a 120 adultos mayores del municipio.
Este último contrato fue el causante de la suspensión de la mandataria municipal. Los organismos de control hallaron dos irregularidades en dicho contrato. La primera, que la Corporación Rayos de Esperanza (a la cual le fue asignado el contrato), no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar este tipo de trabajo, pues había sido registrada con solo 30 días de anticipación a la fecha de firma del contrato.
La segunda observación grave que hicieron los organismos de control, es que la representante legal de esta última corporación, era la esposa de quien había resultado beneficiado con el primer contrato, por un monto de 200 millones de pesos.
Dice la Procuraduría, que la alcaldesa violó los principios de transparencia y responsabilidad que regulan el proceso de contratación, razón por la cual la suspende del cargo, de forma inmediata, por un lapso de 5 meses.
