Hasta la fecha, un total de 117 aportantes a la campaña electoral del 2019, donde se eligieron gobernadores, diputados departamentales, alcaldes y concejales, son investigados por los organismos de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría).
De acuerdo con la investigación, en el 95% de los casos, los aportantes a las campañas electorales del año pasado, recibieron contratos, producto de la emergencia por la Covid-19, que equivalen a 10 veces lo aportado a la campaña del candidato a gobernador o alcalde.
A manera de ejemplo, el Procurador de la República, Fernando Carrillo, citó el caso de 8 contratistas a quienes se les adjudicaron 49 contratos por un monto de 43.494 millones de pesos.
Hay casos donde a los contratistas, o sea, aportantes a las campañas electorales, les dieron 3 días para cumplir con el contrato y, en muchos casos, la población beneficiada no aparece identificada en el contrato. Queda claro que el contrato se firmó para pagar favores electorales.
Algunos caos
En Armenia (Quindío), el director de bienes de la alcaldía fue suspendido por 4 meses e inhabilitado por cancelar dinero sin la existencia de un contrato.
En Arauca, el gobernador y varios directores de su despacho se hallan bajo proceso investigativo por la firma de contratos por 4.500 millones de pesos, en los cuales habrían incurrido en faltas graves. También se investiga a los funcionarios por haber entregado 570 millones de pesos para festividades en el municipio de Cravo Norte, en plena pandemia.
Por casos similares se investiga al alcalde y al personero de Copacabana (Antioquia). En Acacías (Meta), se hallan en problemas varios directores del despacho por la entrega de contratos de forma irregular.
En Luruaco (Atlántico), a la alcaldesa, Merly Gutiérrez, se le investiga por participar de una reunión en un restaurante, en plena pandemia. En Galapa (Atlántico), se investiga al secretario de gobierno y en Sabana Larga (Atlántico), se investiga a un concejal.
Casos específicos de aportantes
La Contraloría General de la República les metió la lupa a varios contratos en gobernaciones y alcaldías del país y cuando cruzó la data con los aportantes a las campañas, según el CNE, halló situaciones como las siguientes:
En el Vichada, un aportante a la campaña del candidato a gobernador entregó 40 millones de pesos y recibió un contrato por 1.714 millones de pesos.
En el Caquetá, un ciudadano aportó 157 millones de pesos a la campaña y recibió un contrato por 1.600 millones de pesos.
En el Amazonas hay un aportante con 20 millones de pesos y tiene un contrato por 316 millones de pesos.
En Andes, Argelia y Barbosa (Antioquia), hay problemas similares.
También en El Carmen de Viboral, Girardot, Támesis, Pisba, Timbiquí, Pueblo Bello, Granada, Ipiales, Bucaramanga y Espinal.
