La Procuraduría apela el fallo en contra del presidente del Concejo de Floridablanca. Foto; Capture
Misael Salazar F.
La Procuradora 159, Judicial II para la Conciliación Administrativa, Nelly Maritza González Jaimes, apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Santander en contra del presidente del Concejo Municipal de Floridablanca, Edgar Enrique Gómez Silva (Lleras).
Como saben los usuarios de Ciudad Florida, el Tribunal Administrativo de Santander falló a favor de tres demandantes, quienes solicitaban la nulidad de la elección del concejal “Lleras”, en el proceso electoral de octubre de 2023.
Alega la parte demandante que el concejal ya nombrado, incurrió en infracción a la ley al financiar su campaña electoral con recursos propios.
Interpretan los demandantes, que al estar imputado el concejal “Lleras” por otros supuestos delitos, no podía proceder a financiar su campaña con recursos propios, sopena de incurrir en inhabilidad.
La Procuradora González Jaimes, al introducir la apelación del fallo de primera instancia del Tribunal, afirma que es cierto que el concejal citado se halla imputado en un proceso previo a la elección como concejal para el periodo 2024-2027.
Pero aclara el Ministerio Público que Edgar Enrique Gómez Silva no ha sido condenado y por lo tanto priva la presunción de inocencia.
Es decir, al no estar condenado, no se le puede aplicar la inhabilidad por el hecho de haber financiado su campaña electoral con recursos propios.
La Procuradora, en su alegato, recuerda y cita la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que en su artículo 20 regula lo concerniente a las fuentes de financiación de las campañas electorales y en uno de sus apartes establece que dicha campaña se puede financiar con créditos que provengan del patrimonio de los candidatos o cónyuges o de sus compañeros permanentes o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
En síntesis, la Procuradora sustenta la apelación del fallo del Tribunal Administrativo, sobre la base de que el concejal “Lleras”, si bien está imputado, no ha sido declarado culpable del o los presuntos delitos. Por lo tanto, está intacta su presunción de inocencia y podía financiar su campaña con recursos propios, como en efecto lo hizo.
