Suspendidos y multados 18 concejales y exconcejales de Floridablanca

Remezón

Misael Salazar F.

La Procuraduría General de la Nación acaba de emitir un fallo mediante el cual suspende del cargo por tres meses a 18 concejales de Floridablanca (período 2016-2019), por haber incurrido en irregularidades en la elección del personero del municipio.

El voluminoso expediente consta de 317 páginas

La medida disciplinaria recae sobre los concejales y ex concejales, José Fernando Sánchez, Néstor Bohórquez, Marcos Olarte, José Alexander Esparza, Alfredo Tarazona, Jorge Pinzón, Edgar Gómez Silva, Lilian Mendoza, Nicanor Vera, Andrés Ardila, Juan Ángel Triana, Juan Carlos Ayala, Walter Durán, Claudia Hernández, Consuelo Galvis, Nelson Espitia, Alirio Pinzón y Guillermo González. 

Como se puede observar, la Procuraduría prácticamente sanciona a todo el concejo municipal de Floridablanca electo para el período 2016-2019, excepto el edil Salvador Molina Saavedra quien, en la entrevista al candidato a la personería, abogado Luis José Escamilla Moreno, le asignó 45 puntos, mientras los 18 concejales más, cada uno, le calificaron al entrevistado de a un mero punto.

Expresa el fallo de la Procuraduría: “Se imputa a los corporados investigados la comisión de una falta grave cometida con culpa gravísima, determinada conforme las consideraciones de los numerales 1, 4, 5, 7 Y 8 artículo 43 de la ley 734 de 2002. A su vez, el articulo 46 ibídem, establece que la suspensión será de uno a doce meses”.

Como entre los sancionados hay concejales activos y exconcejales, el ente de control aclara que los corporados activos son objeto de suspensión de sus cargos por tres meses. Los afectados con esta medida, en consecuencia, son: José Fernando Sánchez, Néstor Bohórquez, Marcos Olarte, José Alexander Esparza, Alfredo Tarazona, Jorge Alberto Pinzón, Edgar Gómez Silva, Lilian Mendoza y Nicanor Vera.

Como los exconcejales, por razones obvias, no pueden ser suspendidos de sus cargos, la Procuraduría establece que deben reintegrar y consignar a favor del Concejo Municipal de Floridablanca el equivalente a los tres meses de suspensión con valor a los honorarios recibidos en la época de los hechos, año 2016. La suma corresponde a $16.244.154 (dieciséis millones, doscientos cuarenta y cuatro mil, ciento cincuenta y cuatro pesos) cada uno y esta penalización afecta a los exconcejales: Andrés Ardila, Juan Ángel Triana, Juan Carlos Ayala, Walter Durán, Claudia Hernández, Consuelo Galvis, Nelson Espitia, Alirio Pinzón y Guillermo González.

Los hechos juzgados

En enero del año 2016, el recién electo concejo municipal de Floridablanca debió proceder a la elección de personero municipal.

Luego de 5 años se produce el fallo en primera instancia

Entre los candidatos al cargo figuraban los abogados Robiel Barboza Otálora y Luis José Escamilla Moreno.

A lo largo del concurso de méritos, de acuerdo con el voluminoso expediente de 317 páginas, Luis José Escamilla Moreno obtuvo 8 puntos de diferencia sobre Robiel Barboza Otálora.

Pero quedaba faltando la entrevista final, a cargo de los 19 concejales ya citados.

Dice la Procuraduría, que todos los afectados con la medida disciplinaria, calificaron a José Escamilla Moreno con 0,33%, mientras a Robiel Barboza le asignaron un porcentaje de 99,9% sobre 100. Obvio que esa era la puntuación que necesitaba Barboza Otálora para recuperar los 8 puntos de ventaja de Escamilla Moreno. 

El organismo de control no duda en afirmar que los concejales actuaron de forma parcializada en favor de Robiel Barboza, negando con su conducta el derecho al trabajo del abogado Escamilla, consagrado en la Constitución Nacional.

Se deduce del dictamen de la Procuraduría, que los 18 concejales se pusieron de acuerdo para dejar fuera del cargo a Escamilla Moreno y favorecer a Barboza Otálora, como en efecto ocurrió.

Uno de los quejosos, Arnulfo Ojeda, cuya exposición de motivos se halla en el expediente, sostiene que Barboza Otálora era el candidato del entonces alcalde Héctor Mantilla Rueda y que existía un acuerdo previo entre el mandatario municipal y los concejales, para que fuera Barboza Otálora el personero.

Los concejales apelarían la decisión

Aclara la misma Procuraduría que se trata de un fallo en primera instancia y que, por lo tanto, los sancionados, pueden optar por la apelación. Es este el paso que seguramente darán los afectados con la medida.

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