La Procuraduría General de la Nación inhabilitó a casi 3.000 jurados de votación que se postularon para el proceso electoral del venidero 29 de mayo.
El propio organismo explicó las razones de la inhabilitación. Como al momento de hacer la respectiva postulación, los aspirantes debían ingresar los datos, la Procuraduría descubrió que estos jurados eran funcionarios públicos.
La Procuraduría cruzó la data de los aspirantes a jurado con la de la Registraduría y dejó en manos de esta última instancia la responsabilidad de la exclusión de esta larga lista de aspirantes a contribuir con el proceso de la elección presidencial del 29 de mayo.
Dice la Procuraduría que el objetivo de este proceso de exclusión de quienes tienen vínculos con la función pública, es garantizar la transparencia y la no interferencia en el proceso electoral donde los colombianos elegirán al sucesor de Iván Duque.
El organismo actuó, además, por solicitud de varios sectores políticos, quienes expresaron su preocupación para que no se repitan los hechos del pasado 13 de marzo, donde hubo jurados que borraron los votos en los formularios donde estaban plasmados los resultados del escrutinio, afectando entre otros al Pacto Histórico.
