Alexcevith Acosta invita al evento de hoy en Neomundo. Foto: Archivo
Misael Salazar F.
No son buenos los momentos por los que atraviesa el director de la Corporación Autónoma de Santander, (CAS).
Desde enero pasado le estalló un conflicto social por el rechazo de las comunidades de San Vicente, El Carmen de Chucurí y un corregimiento de Barrancabermeja a la explotación de carbón a cielo abierto, amparada por una licencia ambiental que la CAS le otorgó a la multinacional Colcco.
Paros, trancones, plantones, obstáculos al tráfico, una mesa de diálogo que no avanza al ritmo que exige la situación y amenazas de muerte han rodeado esta protesta.
Hay suficientes razones para afirmar que Alexcevith Acosta no duerme bien desde que se inició el rechazo comunitario a esta licencia, que según los líderes de la protesta, es el centro de la polémica.
Ciudad Florida dialogó con el director de la CAS sobre tan espinoso asunto. Acosta señala con preocupación y firmeza, que la verdad ha sido la primera perjudicada en este conflicto.
-El área que posee licencia ambiental es apenas de 44, 8 hectáreas, dice el director de la CAS. Aclaremos que el título minero cobija 1.900 hectáreas, pero la licencia ambiental solo permite la explotación en las 44,8 hectáreas permisadas. Por lo tanto, la explotación de carbón solo se está realizando en El Carmen de Chucurí.
La segunda aclaratoria que hace Acosta, es que la CAS, por medio de Resolución, garantiza plenamente la protección de la ronda hídrica del área amparada por la licencia ambiental. “A la CAS -agrega- le corresponde velar por el respecto de los derechos, tanto de las comunidades como de los privados”.
Y la tercera aclaratoria es que no existe la mínima posibilidad de que se afecten los recursos ambientales en la zona donde se explota el carbón a cielo abierto. Repite Acosta: “El agua está garantizada y protegida”.
El director de la CAS confía en la sensatez para llegar a acuerdos en la mesa de diálogo. Foto: CAS
Dos conceptos y aclaratorias hace el funcionario respecto a este delicado asunto: “Si no se cumplen todos los requisitos para la explotación de carbón, la CAS no la permite. Piensa que el desarrollo sostenible es posible y es alcanzable, si se establecen reglas claras y se hacen cumplir. Y aquí agrega otra premisa: “La minería en Colombia es legal”.
Hay una mesa de diálogo operativa
Acosta afirma que desde enero se instaló una mesa de diálogo que busca resolver el conflicto de forma pacífica con el apoyo de todos los actores.
La mesa avanza, pero afectada por varios problemas. Las comunidades exigen la derogatoria de la licencia ambiental otorgada a Colcco, pero este es un proceso legal, jurídico, que necesita tiempo, lapsos, procedimientos.
Hay otro obstáculo que impide el avance de la mesa de dialogo. El director de la CAS dice que hay actores e intereses políticos operando en el conflicto lo que impide que el proceso logre mayor celeridad.
Por ello apela a la sensatez de todos los actores con el fin de lograr avanzar en la solución del problema.
Acosta solicita que se designen voceros válidos por parte de las comunidades para avanzar en una solución y se establezca un proceso de veeduría ambiental que haga el seguimiento de lo que hacemos para garantizar los derechos comunitarios y los demás actores del proceso.
La realidad minera en Colombia
Por las cifras que maneja Alexcevith Acosta, la explotación de carbón no es un proceso exclusivo de El Carmen de Chucurí y Santander.
-En Colombia -dice el director de la CAS-, hay 7.000 títulos mineros, de los cuales unos 5.000 están operativos, funcionando. Aclara que son títulos mineros vinculados al carbón, el arrastre, el yeso, el caolín, la cal, las salinas, el cobre, las esmeraldas y el oro.
Agrega otro dato: El 90% de la explotación de carbón se halla en La Guajira y el Cesar. En Santander la explotación de carbón es mínima.
Todos estamos amenazados
En un comunicado público, la CAS rechazó las amenazas de muerte de las que han sido objeto los líderes comunitarios que protestan por la licencia otorgada a la multinacional Colcco.
-Pero hay otra verdad, agrega Acosta: También hemos sido amenazados los trabajadores y contratistas de la CAS. Yo mismo he recibido mensajes insultantes. Adicionalmente, no nos permiten el ingreso a las instalaciones de la CAS. Me parece que eso ya es altamente preocupante y creo que se impone primero, no seguir “matando” la verdad. Y, segundo, sentarnos a dialogar con la sensatez necesaria para poder avanzar utilizando todos los mecanismos legales y buscando el beneficio de todos.
Ratifica que la CAS está abierta al diálogo.
