Otra demanda más contra el Concejo de Floridablanca. Foto: Archivo
Misael Salazar F.
El de Floridablanca es tal vez el Concejo Municipal del país con la mayor cantidad de demandas administrativas y penales activas o en curso.
Los problemas jurídicos de la Corporación florideña comienzan en la administración anterior, cuando los concejales de entonces procedieron a elegir al personero municipal, pero antes que avalar y elegir al candidato con las mayores credenciales, optaron por el de menos pergaminos, vale decir, por el de la conveniencia.
Ello generó una demanda contra los corporados (9 de ellos activos hoy día) y 9 que ya no están en el Concejo.
Sobre este hecho ya existe un fallo de primera instancia, mediante el cual la Procuraduría Provincial de Bucaramanga suspendió los 9 concejales activos y 9 exconcejales. El fallo fue apelado por ante la Procuraduría Regional de Santander y se espera decisión para los venideros días.
Por estos mismos hechos hay un proceso penal ante la Fiscalía, cuyo resultado afectará o beneficiará a los 18 concejales y exconcejales.
Demandados por el POT
El Concejo Municipal del período 2016-2019, también fue demandado por la aprobación del acuerdo que le daba viabilidad al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Floridablanca, presentado por el entonces alcalde, Héctor Mantilla Rueda.
Por este caso ya existe una decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que eliminó 2 de los artículos del polémico instrumento que convirtió predios rurales en urbanos, en la Mesa de Ruitoque, en jurisdicción del municipio de Floridablanca.
Por este caso también existe una investigación de tipo penal. De hecho, el pasado jueves, 9 de febrero, la Fiscalía 52 Anticorrupción, practicó una inspección en el Concejo de Floridablanca, buscando los nombres de los ediles que aprobaron el POT y los documentos que soportaron tal decisión.
Demandada la directiva actual
El Tribunal Administrativo de Santander admitió también la demanda de nulidad de la elección de la mesa directiva actual del Concejo, integrada por los ediles Néstor Alexander Bohórquez (presidente), Jean Carlos Ruiz (primer vicepresidente y Marlene Rincón Prada (segundo vicepresidente).
El demandante, abogado Álvaro Rueda Urquijo, solicita anulación del acto de elección de la mesa directiva, por haber sido expedido irregularmente y estar falsamente motivado.
Demandan nulidad de la elección de la secretaria
La otra demanda contra el actual concejo municipal está relacionada con la elección de la secretaria de la corporación, hecho que tuvo lugar en noviembre del año pasado.
El demandante en este caso fue el concejal, José Manuel Junior Sequeda Ortiz, quien alegó que el Concejo violó la norma (ley 1904 de 2018), que lo obliga a contratar una universidad para que evaluara la hoja de vida de los y las aspirantes al cargo de secretario o secretaria.
Otro hecho agravaría la situación: Al parecer, el Concejo tiene dentro de su presupuesto $15.000.000 con los cuales debía cancelar los servicios de la casa de estudios que se encargaría de llevar adelante el proceso de evaluación de la hoja de vida de los aspirantes. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué pasó por alto este procedimiento? ¿Existía el temor de que la funcionaria electa no fuera la seleccionada por la universidad? ¿Quién recomendó a la secretaria electa? Luego de la decisión del Tribunal, quedan en el aire estos y otros interrogantes.
El caso es que, violando la norma, el Concejo eligió a Susan Tatiana Tobar Tavera, pero el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda de nulidad electoral y suspende la elección de la funcionaria.
Conclusión: Muchos concejales se preparan para iniciar una campaña electoral con miras a su reelección, pero con varios procesos judiciales en contra. Los mismos cursan en los entes de control y los tribunales.
