El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una fuerte declaración al calificar las acciones del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, como un «golpe constitucional». Estas declaraciones se produjeron en medio de una serie de investigaciones en su contra que, según Petro, están marcadas por irregularidades.
El mandatario denunció que el fiscal general había compulsado copias en su contra, basándose en un interrogatorio que considera ilegal. Según Petro, durante el interrogatorio, se hicieron preguntas sobre él, lo que representa un ataque a la constitución, ya que él es un aforado, primero como senador y ahora como presidente.
Petro también expresó su indignación por la publicación de dicho interrogatorio, realizado a su hijo Nicolás Petro, por la revista Semana. Según él, la ley prohíbe la publicidad de estos documentos, y calificó la acción como «irresponsable y delictiva».
Además, el presidente cuestionó el hecho de que el interrogatorio mencionara la financiación de un acto que supuestamente tuvo lugar cinco meses antes de que comenzara su campaña electoral, organizado por el empresario Euclides Torres. Según Petro, esto no estaría sujeto a la ley electoral de campañas.
El presidente Petro destacó que ni el interrogador de la fiscalía ni la periodista que publicó el artículo verificaron la fecha del evento para determinar si estaba bajo la ley de financiación de campañas. Él insistió en que se trató de una reunión política y que no formaba parte de su campaña, ya que se celebró cinco meses antes de que comenzara.
Gustavo Petro enfatizó que esta investigación es parte de ocho años de investigación constante en su contra por parte de las fiscalías, que, según él, han buscado encarcelarlo con el objetivo de evitar que el progresismo, bajo su liderazgo, gobierne el país.
Además, denunció la persecución de otros líderes de izquierda, como el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, quien también enfrenta investigaciones disciplinarias.
El presidente Petro advirtió sobre lo que considera una politización de la justicia y un control excesivo por parte de los órganos de investigación y disciplinarios, que, según él, fueron designados por el gobierno anterior y ahora están actuando en su contra y contra otros líderes progresistas e de izquierda en Colombia.
