Bogotá, 29 de enero de 2025 – La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’. La sentencia se mantiene firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa, dejando a la empresaria a un paso de ingresar a la cárcel.
El fallo confirma los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, derivados de los actos de vandalismo cometidos por Barrera en noviembre de 2019, cuando destrozó una estación de TransMilenio en medio del estallido social de ese año. Su defensa había solicitado una reducción de la pena o una medida sustitutiva, pero la Corte falló en contra.
Defensa busca nombramiento como gestora de paz
Ante la inminente reclusión de la influenciadora, su equipo jurídico anunció que solicitará al presidente Gustavo Petro su designación como gestora de paz, una figura implementada por el gobierno en el marco de su política de «Paz Total». En caso de no recibir respuesta, también han planteado la posibilidad de acudir al Alto Comisionado para la Paz para gestionar su liberación mediante esta vía.
El gobierno de Petro ya ha nombrado a 75 gestores de paz, incluyendo a excombatientes de grupos armados ilegales, lo que ha generado controversia en distintos sectores políticos y sociales. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial que indique que Barrera esté siendo considerada para este beneficio.
Reacciones divididas ante la petición
La posibilidad de que ‘Epa Colombia’ sea nombrada gestora de paz ha generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos argumentan que su transformación en empresaria y su impacto en redes sociales podría ser utilizado con fines pedagógicos, otros consideran que sus antecedentes no justifican tal designación.
«Es inaceptable que se utilicen figuras como la de gestor de paz para beneficiar a personas que han cometido delitos comunes», señaló el senador Miguel Uribe Turbay. Por su parte, seguidores de Barrera han pedido clemencia, argumentando que ha demostrado su rehabilitación a través del emprendimiento y la generación de empleo.
Por ahora, la influenciadora deberá esperar la decisión del gobierno mientras enfrenta su condena. Su defensa ha argumentado que, debido a su notoriedad y su condición de empresaria, su integridad podría estar en riesgo en un centro penitenciario, por lo que están solicitando que cumpla su pena en una guarnición militar o una estación de policía en lugar de una cárcel tradicional. La decisión final está en manos del Ejecutivo.
