La Asamblea Departamental de Santander lleva a cabo hoy, a partir de las 8:30 a.m., en el Auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento de la Gobernación, el primer debate del Proyecto de Ordenanza N° 019 de 2025. Esta iniciativa busca imponer una «Tasa Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad Multidimensional y la Convivencia Ciudadana», la cual se recaudaría a través de la factura de energía eléctrica.
El debate se desarrollará en Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Eduin Alexis Vargas Rojas, y será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la Asamblea Departamental de Santander.
El proyecto, promovido por la Gobernación de Santander y respaldado por una normativa nacional, ha generado una fuerte controversia entre sectores políticos, empresariales y la ciudadanía. Según la propuesta, los estratos 3, 4, 5 y 6, así como los usuarios comerciales e industriales, tendrían que pagar un recargo de aproximadamente $66,3 pesos por cada kilovatio hora (kWh) consumido.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha defendido la medida argumentando que el recaudo permitirá mejorar la seguridad del departamento mediante la adquisición de cámaras de vigilancia, vehículos para la fuerza pública, mejoras en instalaciones policiales y fortalecimiento de la seguridad vial. Además, destacó que estrategias similares ya se han implementado en otras regiones como Antioquia, Bolívar, Sucre y Atlántico.
No obstante, el Comité Intergremial de Santander y diversos sectores productivos han expresado su rechazo a la iniciativa. Argumentan que esta tasa afectará la competitividad empresarial, incrementará los costos operativos y podría repercutir en el empleo y el crecimiento económico del departamento. También han señalado que no hay suficiente claridad sobre el manejo de los recursos recaudados ni se ha realizado una socialización previa con los sectores afectados.
El debate de hoy será determinante para el futuro de la propuesta. Se espera que los diputados analicen sus implicaciones económicas y sociales, así como las alternativas para mejorar la seguridad sin afectar la economía de los santandereanos.
