Misael Salazar F.
El decreto firmado por Gustavo Petro y anunciado este lunes en la noche, aumentando el salario mínimo mensual a 2.000.000 de pesos, favorece a 2,5 millones de colombianos.
Se trata de un incremento del 23,8% en el salario mínimo, el más alto en las últimas tres décadas, hecho que el propio gobierno califica como una decisión trascendental en beneficio de la clase trabajadora.
Este aumento, que equivalente a 533 dólares mensuales, ubica a Colombia entre los países con los más altos salarios mínimos de América Latina, superado solo por Costa Rica (700 USD) y Uruguay (580 USD).
Junto al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el presidente Gustavo Petro aplicó, para definir el salario mínimo, el concepto de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), conocido como el salario mínimo vital.
Este es un concepto más amplio que el salario mínimo. E implica que el trabajador debe devengar un salario mínimo que le alcance para cubrir sus necesidades básicas.
El concepto fue llevado a la mesa de negociación tripartita (Gobierno, empresarios y sindicatos), pero no se llegó a un consenso para definir el nuevo salario mínimo.
Los gremios económicos proponían un incremento del 7% máximo, mientras que los sindicatos colombianos exigían un 16%. Al final, y por decreto, Gustavo Petro decidió que el incremento fuera del 23,8%, un aumento sin precedentes en la historia colombiana.
Como era de esperarse, tan pronto se conoció el anuncio oficial del aumento del salario mínimo, se produjeron las reacciones.
Las centrales obreras expresaron satisfacción por el notable incremento, lo que, a su juicio, reivindica los derechos de los trabajadores colombianos.
Los gremios económicos (Fenalco, Andi y Acopi, entre otros), expresaron su rechazo a la medida, calificándola de oportunista, con el fin de buscar votos con miras a la contienda electoral que se avecina.
Lo cierto es que las opiniones a favor y en contra eran de esperarse, porque nunca en la historia de la humanidad, los intereses de los empresarios coinciden con los intereses de los obreros. Lo que se supone, desde el punto de vista de la teoría económica, es que el Estado debe estar en el centro para garantizar el mínimo de equilibro entre las dos fuerzas. Eso es lo que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro.
