La medida de Trump que impide a acreedores embargar recursos petroleros de Venezuela. Foto: Archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió una orden ejecutiva mediante la cual declaró emergencia nacional para salvaguardar los ingresos derivados del petróleo venezolano que se encuentran bajo custodia estadounidense, evitando que acreedores de la deuda externa puedan acceder a esos recursos.
El decreto, firmado el 9 de enero, protege los fondos del Gobierno de Venezuela depositados en cuentas del Departamento del Tesoro, bloqueando cualquier intento de embargo, ejecución judicial o acción legal.
La medida fue adoptada pocas horas después de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y representantes de importantes compañías petroleras internacionales, entre ellas Repsol.
En el documento, la Casa Blanca sostiene que cualquier acción legal contra esos fondos constituiría una amenaza “inusual y extraordinaria” para los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Además, advierte que permitir estos procesos afectaría los esfuerzos del país por contribuir a la estabilización política y económica de Venezuela.
La Administración Trump explicó que la decisión responde también a prioridades de seguridad nacional, como el control de la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la contención de actores considerados hostiles en la región, incluidos Irán y Hezbolá.
La orden define los denominados “Foreign Government Deposit Funds”, que abarcan los ingresos provenientes de la explotación y venta de recursos naturales venezolanos canalizados a través de cuentas oficiales del Tesoro estadounidense y relacionadas con el Estado venezolano, el banco central o la empresa petrolera estatal.
Desde ahora, estos recursos no podrán ser objeto de embargo ni gravamen, aun cuando existan sentencias judiciales o contratos firmados con anterioridad.
El decreto cobra especial importancia en medio de los múltiples litigios internacionales que enfrenta Venezuela.
Según el International Law Compliance Institute, el país registra 22 laudos pendientes ante el Banco Mundial por un valor cercano a 17.300 millones de dólares, en su mayoría derivados de expropiaciones durante el mandato de Hugo Chávez.
Desde el año 2000, se han contabilizado aproximadamente 60 arbitrajes internacionales por un monto estimado de 30.000 millones de dólares.
La Casa Blanca recalcó que los fondos protegidos no tienen carácter comercial en Estados Unidos y que el rol de Washington es únicamente el de custodio, sin que ello implique una renuncia a la inmunidad soberana de Venezuela.
El Tesoro y el Departamento de Justicia quedaron autorizados para defender esta protección en cualquier proceso judicial.
Con esta acción, la Administración Trump fortalece su manejo de un instrumento financiero clave dentro de su política hacia Venezuela y busca, al mismo tiempo, ofrecer mayor certidumbre jurídica a las empresas energéticas interesadas en invertir en el país.
