Martín Parra
Hay decisiones técnicas que parecen frías, neutras, incluso necesarias. Pero en Colombia, pocas cosas son realmente neutras cuando se trata de la tierra. Organizarla, medirla, valorarla, identificar a sus dueños —o a quienes la ocupan— no es un simple ejercicio administrativo. Es, en el fondo, abrir una de las heridas más profundas del país.
Durante décadas, Colombia ha vivido de espaldas a su propio territorio. Predios sin registro claro, avalúos congelados en el tiempo, ocupaciones informales, conflictos por despojo y una ruralidad donde la propiedad muchas veces es más una realidad de hecho que de derecho. En ese contexto nace el catastro multipropósito: una herramienta necesaria, incluso urgente, para saber qué tenemos, dónde está y cuánto vale.
El problema es que entre la teoría y la realidad hay un abismo.
En el papel, el modelo es sólido. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) define metodologías, estructura el sistema y traza el camino. Pero en la práctica, la ejecución se descentralizó: municipios que contratan operadores, empresas que levantan información y administraciones locales que deben supervisar el proceso. Es allí donde la precisión técnica empezó a diluirse en improvisación.
Hoy, en distintas regiones del país, el malestar ciudadano no gira en torno al concepto del catastro, sino a su implementación. Predios mal medidos, usos mal clasificados, avalúos que no corresponden con la realidad del propietario. Y, quizás más grave aún, procesos adelantados sin pedagogía, sin socialización suficiente y sin veedurías que garantizaran transparencia.
Muchos ciudadanos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Se enteraron tarde, cuando el dato técnico ya se había convertido en una cifra concreta en el recibo del impuesto predial. Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política.
Porque el catastro no cobra impuestos. Quienes lo hacen son los municipios. Y en ese tránsito —del dato al cobro— hay una cadena de responsabilidades que no puede diluirse. Alcaldes que contrataron operadores sin el rigor necesario o sin ejercer una supervisión efectiva. Administraciones que no anticiparon el impacto fiscal de la actualización ni diseñaron mecanismos de transición o alivio.
Y concejos municipales que, teniendo en sus manos la potestad de definir tarifas, hacer control político y proponer medidas de mitigación, guardaron silencio o reaccionaron cuando el malestar ya estaba en la calle.
El resultado es un cóctel peligroso: una herramienta técnicamente válida, socialmente mal implementada y políticamente mal gestionada.
No es extraño entonces que el catastro multipropósito haya terminado convertido en motivo de protesta. Para muchos ciudadanos, dejó de ser un instrumento de ordenamiento territorial para convertirse en sinónimo de incremento desbordado del predial. En algunos casos, con aumentos que desbordan la capacidad de pago de familias enteras.
Pero reducir el problema a “subieron los impuestos” es quedarse en la superficie. Lo que está en juego es más profundo: la confianza en el Estado.
Un Estado que llega a medir con precisión milimétrica el territorio, pero que falla en explicar, acompañar y proteger al ciudadano frente a las consecuencias de esa medición. Un Estado que actualiza datos, pero no ajusta decisiones. Que exige, pero no pedagogiza.
El catastro multipropósito no es el problema. De hecho, es parte de la solución a un país que durante décadas ha administrado su territorio a ciegas. El problema es cómo se ejecuta, cómo se traduce en decisiones fiscales y, sobre todo, quién responde cuando esas decisiones golpean al ciudadano.
Porque al final, mientras el IGAC diseña, los operadores ejecutan, los alcaldes contratan y los concejos deciden, hay una constante que se repite: el propietario queda solo frente al cobro.
Organizar la tierra era necesario. Pero hacerlo sin rigor, sin control y sin sensibilidad social no solo es un error técnico. Es una irresponsabilidad política. Y en un país donde la tierra ha sido origen de conflicto, desigualdad y violencia, repetir errores —ahora con datos más precisos— no es avanzar: es profundizar la herida.
Porque no basta con saber cuánto vale la tierra. Lo verdaderamente urgente es decidir qué tan justo es el país que se construye sobre ella.
