El alcalde Óscar Santos y la funcionaria contratada podrían ser objeto de una investigación. Foto: suministrada
Misael Salazar F.
La concejala Sandra Johanna Duarte solicitó debate de control político para varios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta, con el objetivo de conocer si favorecieron la contratación de una abogada como secretaria de Despacho, estando condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
De forma concreta, la concejala Duarte se refiere a la abogada, Olga Lucía Gutiérrez Almeyda, quien, según la legisladora, fue designada en enero del 2024 por el alcalde Óscar Santos Galvis, como secretaria de Desarrollo Social de la alcaldía de Piedecuesta.
La concejala Sandra Duarte destapó lo que parece ser un caso de presunta corrupción
La falta grave del alcalde y sus funcionarios subalternos, estaría en que dicha abogada, para el momento de su contratación, había sido condenada en primera instancia, el 11 de mayo de 2020, por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga, acusada del delito de firma de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
La hoy exsecretaria de Desarrollo Social había incurrido en el delito mencionado, siendo funcionaria de la Contraloría de Bucaramanga en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008.
Posterior a la decisión de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal Bucaramanga, la condenó en segunda instancia, el 18 de mayo de 2021, por el mismo delito.
Y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ratificó la sentencia el 17 de septiembre de 2025.
Todos los datos anteriores aparecen en el Certificado de Antecedentes No 294266708, de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 13 de abril de 2026.
El mismo certificado determina que la ciudadana Olga Lucía Gutiérrez Almeyda, fue condenada a 5 años y 4 meses de prisión y que fue inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones pública, por un lapso de 6 años y 8 meses.
Textualmente, la Procuraduría “certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), ella, la señora Olga Lucía Gutiérrez Almeyda, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 63444310, registra las siguientes anotaciones:.. Hace referencia a las sentencias nombradas con anterioridad.
La pregunta es: ¿Cómo, si la mencionada ciudadana fue condenada en el año 2020 (primera instancia) y 2021 (segunda instancia), es contratada en 2024 por el actual alcalde, Óscar Santos Galvis?
El alcalde contratante y la funcionaria contratada. Ambos podrían ser investigados
Otra pregunta: ¿Si en septiembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifica la sentencia contra la funcionaria, por qué se mantiene en el cargo en la alcaldía de Piedecuesta hasta marzo de 2026? ¿No es acaso regla administrativa que todos los años los funcionarios públicos y los contratistas deben actualizar su documentación?
Debate de control político
Este caso, calificado por la concejala Sandra Duarte como muy grave, aunque aclara que no es juez para juzgar, fue lo que condujo a la corporada a solicitar un debate de control político a varios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta y para ello radicó ante la secretaría del Concejo del municipio garrotero, un cuestionario de 13 preguntas que dichos funcionarios deben responder en los tiempos previstos por la ley.
Cuando el cuestionario haya sido respondido, se conocerá ¿por qué la ciudadana fue nombrada secretaria de Desarrollo Social, teniendo antecedentes penales y habiendo sido inhabilitada para ejercer como funcionaria pública? Muy posiblemente, el alcalde de Piedecuesta, Óscar Santos Galvis, tenga que dar explicaciones.
