Varios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta fueron citados a debate de control político. Collage: Ciudad Florida
Misael Salazar F.
Para el venidero lunes, 27 de abril, quedó agendado el debate de control político a varios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta para que rindan cuenta de las supuestas irregularidades que allí se cometieron.
La concejala Sandra Johanna Duarte Becerra, explicó a Ciudad Florida que para este día están citados el secretario general y los responsables de la Oficina Jurídica y la Oficina de Contratación del municipio garrotero.
Los funcionarios deberán explicar ante la plenaria del Concejo de Piedecuesta, por qué motivo las exsecretarias de Desarrollo Social y de Salud, laboraban en la alcaldía, estando inhabilitadas y sancionadas.
La hoy exsecretaria de Desarrollo Social, Olga Lucía Gutiérrez Almeyda, ocupó hasta marzo de 2026 el cargo, a pesar de que en el 2020 y en el 2021 fue sentenciada en primera y segunda instancia, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. A pesar de estos hechos, el alcalde Óscar Santos Galvis la contrató en el 2024, una vez que fue electo como mandatario municipal de los piedecuestanos.
Pero hay algo más grave. El año pasado, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra esta funcionaria y sin embargo permaneció en el cargo hasta marzo de este año.
El otro caso denunciado por la concejala Sandra Duarte Becerra, es el de la exsecretaria de Salud, Magda Lizzeth Rodríguez López, quien renunció a su cargo la semana pasada, una vez que se conoció la situación de la exsecretaria de Desarrollo Social.
La funcionaria a cargo de la secretaría de Salud se hallaba inhabilitada para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos, desde febrero de 2026 y solo abandonó la secretaría en abril de 2026. Es decir, ejerció el cargo estando inhabilitada.
Rodríguez López también aparece reportada por la Contraloría General de la Nación, con un hallazgo por más de 600 millones de pesos, en perjuicio de la alcaldía de El Playón. La notificación de la Contraloría aparece con fecha de diciembre del año pasado. Solo renunció en abril de este año.
A todas esas interrogantes deberán responder los funcionarios citados: secretario General, encargado de la Oficina Jurídica y responsable de la Oficina de Contratación de la alcaldía de Piedecuesta.
