Varios funcionarios de la alcaldía de Piedecuesta fueron citados a debate de control político. Collage: Ciudad Florida
Martín Parra
En medio de la controversia generada la semana pasada por presuntas inhabilidades en el nombramiento de dos funcionarias del gabinete municipal, la Alcaldía de Piedecuesta emitió una declaración institucional en la que defiende la legalidad de sus actuaciones y busca dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía.
El pronunciamiento fue entregado por el secretario General y de las TIC, Jaime Báez Rangel, quien actuó como vocero oficial de la Administración Municipal tras los cuestionamientos surgidos en el Concejo y en la opinión pública.
La polémica se originó en debates de control político en los que se puso en duda la idoneidad jurídica de las entonces secretarias de Desarrollo Social y de Salud, a raíz de decisiones judiciales y fiscales en su contra.
Durante su intervención, Báez Rangel aseguró que las situaciones que dieron origen a dichas sanciones no ocurrieron en Piedecuesta ni en el ejercicio de funciones dentro del municipio, sino en desempeños anteriores en otras entidades territoriales.
“La Administración reitera su compromiso con el ejercicio transparente, legal y ético de la función pública”, señaló el funcionario, al tiempo que enfatizó en el respeto por las decisiones de las autoridades judiciales y de control.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la defensa del proceso de nombramiento de las exfuncionarias. Según explicó el secretario, al momento de su designación y posesión no existían inhabilidades vigentes que impidieran su vinculación, de acuerdo con la información registrada en los sistemas oficiales.
En el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, la Administración sostiene que durante el tiempo en que ejerció el cargo no figuraba ninguna sanción que limitara su desempeño, y que el registro correspondiente se produjo después de su retiro.
Por su parte, frente a la exsecretaria de Salud, se indicó que el fallo de responsabilidad fiscal fue emitido antes de su renuncia, pero su registro se realizó posteriormente. El funcionario recordó que este tipo de procesos contempla mecanismos legales de terminación, como el pago de la obligación establecida.
En ese contexto, la Alcaldía sostuvo que las decisiones adoptadas durante la permanencia de ambas funcionarias en sus cargos se encuentran amparadas por la presunción de legalidad y no presentan vicios que afecten su validez.
Finalmente, Báez Rangel informó que toda la documentación relacionada con los nombramientos, incluidos certificados de antecedentes, se encuentra disponible para consulta por parte de los organismos de control y la ciudadanía.
La controversia continúa en el escenario político local, mientras se espera si los entes de control avanzan en eventuales indagaciones que permitan establecer con mayor claridad la existencia o no de responsabilidades disciplinarias o fiscales en este caso.
Aquí la declaración: https://www.facebook.com/reel/1713813406441378
