El presidente Abelardo De La Espriella decretó la emegencia económica para enfrentar los efectos del terremoto. Foto: Caracol Radio
Misael Salazar F.
El presidente, Abelardo De La Espriella, decretó este miércoles la emergencia económica en los 15 departamentos más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó pérdidas humanas y materiales milmillonarias.
Para justificar la decisión que lo faculta para poner en práctica medidas extraordinarias para enfrentar los efectos del demoledor sismo, el mandatario nacional actualizó las cifras que hasta el miércoles deja la catástrofe.
Dijo De La Espriella, junto a todos sus ministros, que en total van contabilizados 319 muertos, 4.469 heridos y 260 personas reportadas como desaparecidas.
El balance incluye, también, 30.803 viviendas destruidas, 151.000 viviendas averiadas, 302 edificios colapsados y otros 5.800 averiados, 349 centros de salud afectados, 450 vías en mal estado, 70 puentes y 5 aeropuertos muy deteriorados.
Los 15 departamentos donde operará la emergencia económica y que necesitan la ayuda prioritaria del gobierno, la empresa privada y los organismos internacionales son: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
¿Para qué sirve la emergencia económica?
El decreto establece la emergencia económica, social y ecológica por un plazo de 30 días, para poder enfrentar el desastre que dejó el terremoto del 10 de agosto pasado.
La medida especial y urgente, le permite al gobierno nacional emitir decretos y medidas especiales para poder hacer frente a la crisis producto del terremoto de 7,4 que dejó muchos municipios del país afectados, entre ellos ciudades capitales como Cali, Pereira, Medellín, Armenia y Manizales, entre otras.
El decreto, en síntesis, le permite al gobierno de Abelardo De La Espriella, comenzar a enfrentar el proceso de reconstrucción de gran parte del país y darle vía libre a medidas que puedan auxiliar a las víctimas del terremoto, con subsidios, rebajas en las tarifas de los servicios públicos e impuestos, apoyo crediticio y otros mecanismos que faciliten el restablecimiento de las mínimas condiciones de vida de los afectados y emprender un proceso de recuperación de esta parte del país, cuyo costo fue estimado por el propio gobierno nacional, en unos 30 billones de pesos.
