La ministra de Educación cuestiona lo que denomina una “ideologización” de la enseñanza y anuncia una revisión de materiales pedagógicos. La discusión se da mientras continúa vigente una política nacional sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos adoptada en julio pasado.
La educación sexual que reciben los estudiantes colombianos volverá a estar en el centro del debate nacional. La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció esta semana una revisión de los contenidos, materiales pedagógicos y orientaciones que actualmente se utilizan en los colegios públicos y privados del país.
Morales afirmó que durante los últimos años se habría producido una incorporación de contenidos que, en su concepto, desbordan la educación sexual y hacen parte de una denominada “ideología de género” o de una “campaña woke”.
“Ha habido una campaña ‘woke’ que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, afirmó la funcionaria.
La ministra sostuvo además que una de las prioridades del Gobierno será “restaurar principios y valores”, evitar cualquier forma de adoctrinamiento y garantizar que los padres tengan mayor participación en la formación de sus hijos.
¿Qué propone el Ministerio?
La revisión anunciada contempla cartillas, guías, textos escolares y otros materiales pedagógicos relacionados con sexualidad, género y formación de los estudiantes. Morales ha planteado que los contenidos deben responder a criterios científicos, biológicos, de formación en valores y, especialmente, a la edad y al desarrollo emocional de los menores.
La ministra también ha defendido una mayor participación de los padres de familia y ha cuestionado que puedan impartirse contenidos “de espaldas” a ellos.
Entre los asuntos que podrían ser objeto de revisión están los contenidos relacionados con identidad de género, orientación sexual, diversidad familiar y determinados enfoques de lenguaje inclusivo. Sin embargo, el Ministerio todavía no ha presentado un listado oficial de contenidos que serán eliminados o modificados.
Morales ha insistido en que la educación sexual debe ser diferenciada de acuerdo con la etapa de desarrollo. Para los menores más pequeños plantea priorizar asuntos como el conocimiento del cuerpo, el autocuidado y la prevención del abuso; mientras que en edades posteriores se abordarían relaciones, desarrollo humano, reproducción, salud sexual y prevención de riesgos.
Una política nacional que ya está vigente
El anuncio del Ministerio ocurre pocas semanas después de la entrada en vigencia de la Resolución 1350 de 2026, expedida el 10 de julio por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Cultura.
La norma adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, concebida como una política de alcance nacional y no exclusivamente educativa.
La política contempla, entre otros aspectos, educación integral para la sexualidad, prevención de las violencias sexuales y de género, prevención del embarazo en adolescentes, igualdad y no discriminación, y atención a poblaciones que requieren especial protección constitucional.
También incorpora enfoques relacionados con género, diversidad sexual, niñez, discapacidad, comunidades étnicas, población campesina y otros grupos.
La resolución establece además que las acciones de educación integral en sexualidad deben ser promovidas dentro de los planes territoriales de salud y que la implementación de la política tendrá carácter intersectorial.
El punto de choque
Es precisamente allí donde aparece una de las principales discusiones.
Mientras la política adoptada en julio plantea un enfoque integral de derechos sexuales y reproductivos, la nueva ministra anuncia una revisión de los contenidos educativos y cuestiona aquellos enfoques que, a su juicio, introducen ideología en la formación de los menores.
Morales sostiene que el Gobierno debe fortalecer la formación en valores, el papel de las familias y una educación sustentada en criterios científicos y biológicos.
La resolución, por su parte, continúa vigente. Por ahora, no existe una nueva norma que la haya derogado o suspendido, por lo que cualquier modificación deberá tramitarse dentro del marco jurídico correspondiente.
¿Qué pasa con los niños más pequeños?
Uno de los puntos más sensibles de la discusión tiene que ver con la edad de los estudiantes.
La ministra ha señalado que no resulta adecuado impartir los mismos contenidos a un niño de preescolar que a un adolescente de educación media. Su propuesta apunta a que los contenidos sean progresivos y correspondan con el desarrollo físico, emocional e intelectual de cada estudiante.
En ese enfoque, asuntos como el conocimiento del cuerpo, el autocuidado y la prevención del abuso tendrían especial importancia durante la primera infancia, mientras que temas relacionados con reproducción, salud sexual y prevención de riesgos tendrían mayor desarrollo en etapas posteriores.
Reacciones enfrentadas
Las declaraciones de Morales han recibido respaldo de sectores conservadores, organizaciones religiosas y padres de familia que consideran necesario fortalecer el papel de los hogares en la educación y evitar que los colegios impongan posiciones ideológicas.
Entre sus argumentos está la defensa de la libertad de conciencia y religiosa, la formación en valores y una educación sexual centrada en aspectos científicos y de salud.
Al mismo tiempo, sectores académicos, docentes y organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTIQ+ han expresado preocupación por un eventual retroceso en políticas de inclusión y diversidad.
Quienes cuestionan la propuesta sostienen que una educación sexual integral también cumple funciones de prevención frente al abuso sexual, la violencia, la discriminación, los embarazos tempranos y otros riesgos que enfrentan niños y adolescentes.
El debate también llegó al ICBF
La discusión se extendió esta semana al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuya directora, Carolina Restrepo Cañavera, anunció cambios en el lenguaje utilizado por la entidad.
Restrepo ha defendido el uso del término “niñez” en lugar de “niños y niñas” y cuestionó expresiones como “Resistencia Chiquita”, al considerar que las instituciones destinadas a la protección de menores no deben promover activismos políticos o ideológicos. La decisión generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.
¿Qué viene?
Por ahora, el Ministerio de Educación avanza en la revisión de materiales y contenidos pedagógicos. El Gobierno ha planteado la construcción o modificación de lineamientos, la evaluación de las guías existentes y una mayor participación de padres y comunidad educativa.
El debate apenas comienza. La discusión no solo determinará qué contenidos sobre sexualidad llegan a las aulas, sino también hasta dónde llega la autonomía de las instituciones educativas, cuál debe ser el papel de los padres y cómo debe garantizar el Estado los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Mientras el Ministerio define sus próximos pasos, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035 continúa vigente.
Ciudad Florida seguirá el desarrollo de esta discusión y sus posibles efectos en los colegios y comunidades educativas de Santander.
