Martín Parra
La administración municipal de Barbosa ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión provisional de un juzgado que suspendió el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), argumentando que el proceso de aprobación se ajustó a la normativa legal vigente y que la medida judicial se basó en información incompleta.
Según el alcalde Marco Alirio Cortés, esta suspensión no solo representa un desafío jurídico, sino que también ha sido utilizada con fines políticos para bloquear proyectos estratégicos clave para el desarrollo del municipio.
“Resulta lamentable que, cuando algunos políticos no pueden apropiarse de un proyecto, opten por bloquearlo en lugar de permitir que la comunidad se beneficie. Esa es una actitud mezquina y perjudicial para el desarrollo de la región”, afirmó el mandatario local.
Proyectos en riesgo
Entre las iniciativas que podrían verse afectadas se encuentran la construcción del puesto de salud en Cite, mejoras en el hospital municipal, la remodelación del colegio local y obras de infraestructura como placa-huellas, todas con inversiones ya aprobadas en el Ministerio de Transporte.
Además, la administración advirtió que un parlamentario ha solicitado a ministerios nacionales abstenerse de girar recursos a Barbosa, usando como argumento la suspensión del PDM, aún cuando esta no constituye una sentencia definitiva ni está en firme.
Dos demandas, dos fallos distintos
El Plan de Desarrollo ha sido objeto de dos demandas: la primera, presentada por el parlamentario Juan Manuel Cortés, fue fallada en su contra; mientras que una segunda, impulsada por un concejal del Partido Liberal, derivó en la suspensión provisional en uno de los dos juzgados de San Gil.
Los demandantes alegan que las sesiones del Concejo Municipal previas a la aprobación del PDM no cumplieron con los requisitos legales. Sin embargo, el alcalde ha asegurado que se respetaron los procedimientos y que incluso participó activamente en los debates, enviando posteriormente un oficio de aprobación que, según afirma, no fue tenido en cuenta por la jueza.
“Siempre he sido un hombre demócrata y abierto a las enmiendas que puedan mejorar el Plan de Desarrollo. Participé en las sesiones del Concejo y envié un oficio confirmando mi visto bueno”, reiteró Cortés.
El gobierno local aclaró que las sesiones deliberatorias del Concejo pueden realizarse con una mayoría relativa de dos concejales (de cinco), de acuerdo con el reglamento interno, aspecto que presuntamente no fue considerado en el fallo judicial.
Avances y gestión en marcha
A pesar de los obstáculos, la administración continúa gestionando avances significativos. Entre ellos, un proyecto conjunto con la Gobernación para convertir un predio antes vendido irregularmente por la UIS en un centro de innovación con tecnología de punta y participación del sector privado.
También se adelantan obras en el hospital, Inscomercio, y se gestiona la ampliación de la doble calzada hasta Cite, así como nuevas oportunidades educativas con el apoyo de la UIS.
Un Plan construido con participación ciudadana
El alcalde reiteró que el PDM fue elaborado con amplia participación de la sociedad civil, incluyendo la Cámara de Comercio, la Federación de Cafeteros y más de 40 juntas de acción comunal. Entre sus líneas estratégicas se incluyen proyectos para el avistamiento de aves, mejoramiento de vías rurales, vivienda para la mujer campesina, recuperación del río Suárez y creación de la Casa de Bolívar en Cite.
“El Plan de Desarrollo no es una decisión del alcalde, es un proyecto colectivo que le conviene a toda la ciudad”, concluyó Cortés.
La administración confía en que la apelación permitirá restablecer la validez del Plan y avanzar con proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de los barboseños.
