Martín Parra
Mientras constructoras, operadores de servicios públicos y entidades regulatorias defienden sus posiciones técnicas y jurídicas, más de 760 familias de la urbanización Ciudadela Verde continúan enfrentando retornos de aguas residuales, malos olores persistentes y una incertidumbre que se prolonga sin una solución definitiva.
Lo que comenzó como denuncias internas por fallas en el sistema de alcantarillado terminó reabriendo un debate de fondo sobre el cumplimiento de exigencias técnicas durante la viabilización de proyectos de vivienda, la responsabilidad de los actores involucrados y, sobre todo, las consecuencias que estas decisiones tienen en la calidad de vida de las comunidades.
Un proyecto entregado, un problema abierto
Ciudadela Verde es un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) ubicado en Bucaramanga (Vía Girón, junto a la planta de Coca Cola), conformado por ocho torres de doce pisos, con apartamentos de aproximadamente 52 metros cuadrados, comercializados hace cerca de seis años por valores cercanos a los 132 millones de pesos. Las viviendas fueron entregadas de manera progresiva y recibidas por sus propietarios, quienes con el paso del tiempo comenzaron a reportar situaciones que alteraron la convivencia: devoluciones de aguas residuales, olores ofensivos y temor por posibles afectaciones sanitarias.
Aunque los episodios no han sido constantes, sí han sido suficientes para generar preocupación entre los residentes, quienes aseguran que el sistema no responde como debería en momentos críticos, especialmente durante lluvias.
Observaciones técnicas en la etapa de viabilización
Durante el proceso de viabilización del proyecto, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS) realizó observaciones técnicas relacionadas con ajustes en cotas y parámetros hidráulicos considerados necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado.
Según la información recopilada, dichos requerimientos no habrían sido implementados en su totalidad, lo que impidió que EMPAS recibiera las redes del proyecto. En consecuencia, la operación y el mantenimiento del sistema quedaron en manos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), decisión que hoy es objeto de cuestionamientos por parte de la comunidad y que dio origen a una diferencia de criterios técnicos entre las entidades.
Desde EMPAS se ha reiterado que la empresa cuenta con la experiencia, la infraestructura y la competencia institucional para el manejo de aguas residuales en Bucaramanga y su área de influencia, y ha manifestado su desconocimiento frente a la decisión de no haber recibido desde el inicio un componente esencial del saneamiento básico urbano.
El pronunciamiento del constructor
Tras la publicación de versiones que alertaban sobre presuntos problemas sanitarios en Ciudadela Verde, la constructora Construcciones ZABDI S.A.S. emitió un comunicado oficial en el que rechazó que el proyecto represente un riesgo sanitario permanente o que las redes internas de alcantarillado presenten fallas estructurales.
Según la empresa, el sistema interno fue diseñado, construido y aprobado conforme a la normatividad técnica y legal vigente, y opera dentro de parámetros normales. En su pronunciamiento, la constructora hace énfasis en la diferenciación entre redes internas y redes externas, señalando que estas últimas son de exclusiva responsabilidad del operador del servicio público domiciliario, conforme a la Ley 142 de 1994.
ZABDI reconoce que durante la operación del conjunto se han presentado dos eventos puntuales, los cuales —de acuerdo con un comunicado del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, operador del servicio— no obedecieron a fallas de diseño, construcción o capacidad, sino a usos indebidos del sistema, asociados a la disposición de residuos no permitidos en las redes sanitarias. Las inspecciones realizadas, según esas versiones oficiales, concluyeron que no existen obstrucciones permanentes, rebosamientos continuos ni malos olores persistentes.
La constructora también defendió la legalidad de la prestación del servicio por parte del AMB y rechazó las versiones que califican al proyecto como un foco de riesgo sanitario, al considerar que carecen de sustento técnico y afectan el buen nombre de los actores involucrados.
Una diferencia de criterios que llega a la CRA
Ante la persistencia de las quejas y la falta de una solución definitiva, la copropiedad de Ciudadela Verde solicitó formalmente que sea EMPAS quien asuma la administración del alcantarillado, reconociendo la necesidad de que el sistema sea operado por la entidad especializada en aguas residuales.
El caso se encuentra actualmente en estudio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que deberá definir a qué operador le corresponde legal y técnicamente la prestación del servicio. Según lo informado, una decisión podría conocerse en un plazo aproximado de uno a dos meses.
Mientras tanto, el debate continúa centrado en informes técnicos, competencias institucionales y marcos normativos, sin que exista una solución inmediata para los residentes.
El residente, en medio del cruce institucional
En Ciudadela Verde, el problema trasciende los conceptos técnicos y los comunicados oficiales. Para las familias, la discusión no es quién tiene la razón en el papel, sino quién responde cuando el sistema falla. Persisten los interrogantes sobre quién deberá asumir los costos de eventuales correcciones técnicas y si esa carga podría recaer, directa o indirectamente, sobre los propietarios, pese a que las viviendas ya fueron entregadas y recibidas.
Mientras las entidades defienden sus posiciones y los expedientes avanzan de oficina en oficina, de aquí para allá y de allá para acá, en Ciudadela Verde las aguas residuales y lluvias continúan devolviéndose y los olores ofensivos recorren los espacios comunes como si no tuvieran dueño. Para las familias que habitan el conjunto, la solución, por ahora, sigue demorándose.
