No debemos elegir:
- Al que plagia
- Al que compra títulos
- Al que compra votos
- Al que es corrupto o tapa la corrupción
- Al que protege a funcionarios corrompidos
- Al que compra o amenaza jueces
- Al que cohabita con narcotraficantes
- Al que busca curul al amparo de delincuentes
- Al que no va a las sesiones
- Al que vota a favor de leyes que perjudican a la mayoría
Misael Salazar F.
Los colombianos tenemos una cita histórica el próximo 13 de marzo.
Elegir un nuevo Congreso no solo es un mandato de nuestra Constitución Política. Es también –y por encima de cualquier otra consideración– un deber para con el país y el futuro del pueblo colombiano.
Por eso no se trata de marcar unos cuantos nombres de los tantos que aparecerán en el tarjetón electoral. Es algo más importante y trascendente. Es un acto ético que tiene que ver con valores como la honestidad, la decencia, la transparencia, la honorabilidad, la rectitud, la preparación, el compromiso contra la corrupción y la defensa de la vida, entre muchos otros.
El Congreso, cuyos integrantes culminan funciones el venidero 7 de agosto, está integrado por senadores y representantes, muchos de ellos con pasado y presente manchados, con vínculos demostrados con mafias y clanes, comprometidos muchos con el narcotráfico, con un récord admirable de faltas a las sesiones y con muchos votos a favor de leyes y decisiones que apuntan más a sus beneficios personales y de quienes los financiaron, que a favorecer a los colombianos de a pie que son la absoluta mayoría.
Empecemos por el plagio
La presidenta de la actual Cámara de Representantes, Jennifer Arias, es un ejemplo de lo que no debe ser un congresista. La Universidad Externado de Colombia descubrió que su tesis de grado es el resultado de un gran plagio, es decir, de la trampa. Hoy, el Consejo de Estado estudia una solicitud formal para despojar a la “honorable representante” de su título. Este es solo un ejemplo de lo que no debemos elegir el venidero 13 de marzo.
Masiva compra de votos
La propia Aida Merlano incurrió en la compra de votos y denunció tal irregularidad
Lo denunciado en fechas pasadas y recientes por la excongresista, Aida Merlano, acerca de la grosera compra de votos, no es un delito atribuible exclusivamente al clan Char de la costa caribe colombiana.
Si se realizara un estudio para establecer la responsabilidad de los integrantes del actual Congreso, hallaríamos que un altísimo porcentaje obtuvo curul gracias a la compra de votos. Eso es sinónimo de trampa, de ilegalidad, de delito. Y lo peor: Muchos de los actuales aspirantes también están cubiertos por esa mancha.
Delincuentes al Congreso
A la exministra Karen Abudinen se le «extraviaron» 70.000 millones de pesos y la mayoría del congreso guardó silencio
Sabemos de muchos congresistas que llegaron a obtener curul, luego de haber incurrido en delitos e irregularidades graves mientras ejercieron otros cargos como la presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías, ministerios y otros organismos.
Richard Aguilar Villa y Edwdin Ballesteros renunciaron al Congreso luego de ser investigados por corrupción
Incluso, algunos tuvieron que renunciar al Congreso, pero no por decencia ni por vergüenza, sino para escapar de órganos competentes de la justicia, como la Corte Suprema y buscar amparo en instituciones más vulnerable como la Fiscalía. Richard Aguilar Villa, exgobernador de Santander y exsenador es un ejemplo. Edwin Ballesteros, excongresista, investigado por la Corte y la Fiscalía, es otra demostración de lo que es el Congreso cuyo mandato está por fenecer.
Invertiríamos cientos, miles de palabras denunciando delitos de muchos de los actuales congresistas, como la protección a funcionarios y ministros corrompidos.
Por eso la decisión de 38 millones de colombianos, aptos para votar el 13 de marzo, es tan trascendente y crucial. Colombia necesita un Congreso decente.
Ni un solo delincuente más en el Congreso, debe ser la consigna de todos los colombianos decentes, una vez que estemos frente a la mesa de votación.
