La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al congresista santandereano por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros Archila y le fijó fecha para el próximo 23 de agosto.
La decisión del alto tribunal está relacionada con la investigación que adelanta contra el exgerente de las Empresas Públicas de Santander (ESANT), durante el período en que fue gobernador Richard Aguilar Villa, hoy detenido también por orden de la Corte Suprema.
Al representante santandereano se le acusa de supuestos hechos de corrupción al influir en el direccionamiento de contratos para la construcción del Acueducto del Municipio de Landázuri y obras de alcantarillado en otros municipios del departamento.
Ballesteros Archila, según la investigación adelantada, favoreció con el contrato del acueducto del municipio de Landázuri, cuyo monto era de 4.300 millones de pesos, al contratista Lenin Darío Pardo, esposo de la entonces secretaria de Hacienda de la gobernación, Claudia Toledo.
Existen chat que condenan a Ballesteros. Los mismos fueron entregados a la Corte Suprema por el propio Lenin Darío Pardo, quien busca el principio de oportunidad para liberarse de la investigación que cursa en su contra, junto a su esposa. Los dos (Claudia Toledo y Pardo), se han convertido en testigos claves de la Corte Suprema y la Fiscalía, contra el exgobernador Richard Aguilar y el representante a la Cámara y exgerente de la ESANT, Edwin Ballesteros.
En los chats que Pardo entregó como pruebas contra el congresista del Centro Democrático, queda constancia que Ballesteros le exigió coimas (comisiones), para direccionar el contrato del acueducto de Landázuri a su favor.
El hecho es de tal magnitud y gravedad, que, con un contrato de 4.300 millones de pesos, el acueducto de Landázuri se halla sin concluir, después de 6 años.
