Misael Salazar F.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra del representante a la Cámara, por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros Archila.

Al congresista santandereano, quien fungió como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), durante el mandato del exgobernador y actual senador, Richard Aguilar, se le vincula, entre otros procesos, como favorecedor de una licitación pública para adjudicar el Acueducto de Landázuri, una de las tantas obras inconclusas que existen en Santander.
El portal Cuarto de Hora, señala en un informe que a Edwin Ballesteros lo vincula la Corte Suprema de Justicia con varios delitos por los cuales debe responder: Concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Todo forma parte, además, de una investigación donde también se halla involucrado el exgobernador, Richard Aguilar.
Detalles de la investigación
Contra el hoy representante santandereano hay un expediente abierto en la Corte Suprema, ente al que le corresponde la averiguación por Ballesteros ser aforado.

Contratos en varios municipios de Santander enredan al representante Ballesteros
Al congresista se le acusa formalmente de haber exigido coimas a Lenin Pardo Parada, para favorecerlo en el contrato por 4.346 millones de pesos para la construcción del acueducto del municipio de Landázuri.
Tanto la Fiscalía, como la Corte Suprema, tendrían como prueba unos chats donde Edwin Ballesteros, Gerente de la ESANT para el año 2015, le exige un porcentaje a Lenin Pardo Parada, contratista y a la vez esposo de Claudia Toledo, quien se desempañaba como Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander.
Los esposos Pardo y Toledo, también vinculados al proceso, cumplen arresto domiciliario y están colaborando con la justicia.

Claudia Toledo, testigo clave contra Edwin Balllesteros
Consta en autos que el hoy Representante a la Cámara le exigía a Pardo Parada el 15% del monto del contrato para adjudicarle la obra, pero sin embargo el acueducto aún está inconcluso luego de 6 años.
La materialización de ese delito se habría concretado un mes antes de que la ESANT, con Ballesteros como gerente, procediera a la licitación para la construcción del Acueducto de Landázuri, cuyo monto era de 4.346 millones de pesos.
Además de lo ocurrido con el acueducto de Landázuri, la Corte también analiza dos contratos más que pueden enredarle aún más la situación jurídica al representante Ballesteros. Son: El número 157, suscrito el 29 de diciembre de 2014, entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S. Este es por la suma de $1.188.804.830,83 para la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos del municipio de Sucre Santander, el cual incluía la realización de estudios y diseños. Y el segundo es un contrato por $472 millones, el 23 de febrero de 2015, para una planta de potabilización de agua en Enciso, Santander, suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable.
Y como corolario, la misma Corte Suprema investiga a Ballesteros porque supuestamente, previo acuerdo con el entonces Gobernador de Santander, Richard Aguilar, se habría comprometido a adjudicarle los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Barichara y Chipatá a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de una coima equivalente a $600 millones.
Con las pruebas de carácter documental, testimonial y técnico, que configurarían responsabilidad penal del representante, en los próximos días la Corte Suprema de Justicia lo recibirá en indagatoria y le definirá su situación jurídica.

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