Martín Parra
Cada 22 de marzo, el calendario nos recuerda que el agua tiene su día. Las instituciones organizan foros, los funcionarios publican mensajes en redes y las empresas de servicios despliegan campañas pedagógicas. Se habla de sostenibilidad, de futuro, de conciencia. Pero basta salir del auditorio para entender que, en Santander, el problema del agua no es de discurso: es de realidad.
El mapa hídrico del departamento no está marcado por la escasez natural, sino por la desigualdad en su gestión. Mientras el área metropolitana de Bucaramanga cuenta con un sistema robusto —aunque fragmentado entre operadores públicos y privados—, en buena parte de las provincias el acceso al agua sigue siendo intermitente, precario y, en ocasiones, indigno.
Casos como Vélez y Barichara no son excepciones: son síntomas. En el primero, los habitantes han soportado días enteros sin servicio, en medio de una crisis que se repite desde hace décadas. En el segundo, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, el crecimiento desbordado supera la capacidad del acueducto y obliga a depender de carrotanques en temporadas críticas. La postal colonial contrasta con una realidad que no siempre se muestra: no hay agua suficiente para sostener el modelo que se promueve.
Pero la lista no termina ahí. Municipios como Aratoca, Cabrera, Oiba, Suaita, Los Santos o incluso Málaga han enfrentado racionamientos, desabastecimiento o alertas recurrentes. En conjunto, cerca de una treintena de municipios en Santander han tenido problemas de agua en los últimos años. No se trata de eventos aislados, ni de una coyuntura climática: es una crisis estructural.
Y, sin embargo, seguimos explicándola como si fuera únicamente consecuencia del clima. El fenómeno de El Niño aparece como justificación recurrente, pero lo cierto es que la sequía no crea el problema: lo revela. Lo que hay detrás es más profundo: acueductos obsoletos, falta de inversión sostenida, crecimiento urbano sin planificación, presión turística sin control y una débil gobernanza del recurso.
En el área metropolitana, la situación no es necesariamente más simple. La coexistencia de múltiples operadores —empresas públicas, privadas y esquemas mixtos— dibuja un sistema fragmentado donde el agua también se mueve como mercancía: se vende en bloque, se distribuye por zonas y responde, en parte, a lógicas de mercado. La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién controla realmente el agua?
Pero sería un error pensar que toda la responsabilidad recae en las instituciones. También hay una deuda silenciosa desde la ciudadanía. El uso del agua en los hogares, en el comercio y en la industria sigue marcado por el derroche, la informalidad y la falta de cultura ambiental. Se desperdicia agua potable en actividades que no lo requieren, se normalizan conexiones ilegales, se contamina sin mayor reparo y se asume que el recurso es inagotable.
Esa desconexión entre discurso y práctica es, quizá, uno de los mayores problemas. Se exige un servicio eficiente, pero no siempre se ejerce un consumo responsable. Se critica la falta de planificación estatal, pero se construye sobre rondas hídricas, se invaden quebradas y se le da la espalda a las fuentes que sostienen el territorio.
El Día Mundial del Agua debería ser, más que una conmemoración, un punto de quiebre. Porque lo que está en juego no es solo el acceso a un servicio público, sino la sostenibilidad de las ciudades, la viabilidad de las economías locales y la dignidad de miles de personas que aún no tienen garantizado algo tan básico como abrir la llave y encontrar agua.
En Santander, el agua no falta: lo que falta es gestión, planificación y conciencia. Y mientras esa ecuación no cambie, seguiremos celebrando su día en medio de una crisis que ya dejó de ser coyuntural para convertirse en paisaje.
