Por acción popular interpuesta por empresarios del transporte urbano en el año 2014, el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga ha emitido nuevas disposiciones para combatir el transporte informal en el área metropolitana. Estas medidas buscan mejorar la movilidad, la seguridad ciudadana y la calidad del servicio de transporte público, cuestionado por sus deficiencias, incluyendo el fracaso operativo del sistema de Metrolínea.
Decisiones judiciales
El auto, emitido el pasado 2 de diciembre, establece:
Prohibición de motocicletas en zonas delimitadas: Los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón deberán definir las áreas donde se prohibirá el tránsito de motocicletas. Estas zonas serán presentadas al juez antes del 30 de mayo de 2025, y las restricciones entrarán en vigor el 3 de junio de 2025.
Restricción del parrillero hombre: A partir de junio de 2025, se limitará la circulación de acompañantes masculinos en motocicletas, en horarios de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Pico y placa metropolitano: En febrero de 2025, deberá implementarse una medida uniforme de pico y placa para Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Operativos en «terminalitos«: Se intensificarán los controles en cerca de 100 puntos clandestinos identificados como focos de transporte informal.
Estas disposiciones responden a un incidente de desacato abierto contra los mandatarios locales por la falta de acciones contundentes en el control del transporte ilegal.
Contexto y reacciones
La acción popular fue promovida por gremios del transporte urbano, quienes argumentan que el transporte informal afecta gravemente su sector, el cual genera empleo y hace parte del desarrollo económico de la región. No obstante, también es un reflejo de la crisis en la calidad del servicio público de pasajeros. Los ciudadanos enfrentan constantes demoras, rutas insuficientes, buses y busetas deteriorados y problemas estructurales irreversibles en el sistema de transporte masivo, del cual se sabe de la liquidación de Metrolínea, pero sin una propuesta de lo que podría ser un nuevo modelo en el sistema.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su compromiso de cumplir con las decisiones judiciales y anunció una estrategia tecnológica para combatir la ilegalidad en el transporte. “Debemos acatar lo que nos pide el juez, pero sin generar una mayor afectación al ciudadano”, aseguró.
Por su parte, el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado Nivia, afirmó que se realizarán estudios para determinar los corredores viales donde se implementarán las restricciones. Además, se anunció que en enero se lanzará una nueva estrategia contra el transporte informal, cuya naturaleza específica se definirá en próximas semanas.
Polémica en la ciudadanía
La implementación de estas medidas ha generado opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos consideran que son necesarias para garantizar seguridad y reducir la informalidad, otros las critican por su impacto en la movilidad y la economía de quienes dependen de las motocicletas para trabajar.
Este fallo judicial pone de manifiesto la necesidad de un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresarios del transporte y la ciudadanía para lograr soluciones integrales que combinen regulación, inclusión social y mejora en la calidad del servicio de transporte público.
