El proyecto, ético y humano, se denomina AMOVI (Archivo de Memoria Oral de Víctimas del conflicto armado). Ciudad Florida dialogó son su directora, la historiadora y archivista Ivonne Suárez
La historiadora y archivista, Ivonne Suárez, es la directora de AMOVI-UIS
Misael Salazar F.
En las entrañas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), funciona una institución comprometida con la defensa de los Derechos Humanos de las víctimas de la violencia en Colombia.
Se denomina AMOVI-UIS e identifica al Archivo de Memoria Oral de Víctimas del conflicto armado. Su trabajo consiste en ayudar a construir memoria escuchando a las víctimas, reconstruyendo con ellas cada historia de violación de sus derechos y documentando los casos para aligerar y buscar justicia.
El producto de su esfuerzo colectivo, convertido en informes, termina en manos de la justicia transicional, representada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Como sabemos, estos organismos fueron creados a raíz de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
–¿Cuántas personas trabajan en el archivo?
El trabajo de AMOVI con las víctimas del conflicto armado, llegó a manos de la JEP
La directora del AMOVI UIS es la historiadora y archivista Ivonne Suárez, pero no tiene la certeza de la cantidad de personas que apoyan y colaboran con esta institución.
“Somos pocos y al mismo tiempo muchos quienes trabajamos y quienes colaboran con el Archivo de Memoria Oral de Víctimas, responde la docente. “En AMOVI trabajamos básicamente yo y otros dos profesionales de la archivística. El actual rector, Hernán Porras, nos ha apoyado mucho con recurso humano. Pero hay muchas víctimas del conflicto que apoyan el trabajo y muchas personas que tienen sensibilidad frente a este crucial tema y aportan a AMOVI-UIS de distintas maneras. Por eso digo que somos pocos y muchos al mismo tiempo”.
Con las víctimas, por las víctimas
El jueves, 27 de enero de 2022, se materializó en Santander un acto cargado de simbolismo, que tuvo muy poco espacio y cobertura en los medios de comunicación.
AMOVI-UIS, junto a una representación significativa de las víctimas de la violencia, entregó a la JEP el producto de un trabajo investigativo de 6 meses, apoyado por la Gobernación de Santander.
El equipo humano del Archivo de Memoria Oral de Víctimas, ubicó y entrevistó a 35 familiares de las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
Con el apoyo de los propios afectados, radicados en el área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón), documentaron 63 casos de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
El resultado de este arduo trabajo fue entregado en sendos informes a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), con representantes de las víctimas, personal de AMOVI-UIS y testigos presenciales de un trabajo que persigue la reivindicación de los derechos de las personas desaparecidas durante el conflicto.
“Este esfuerzo significa para nosotros un homenaje a las víctimas de la violencia”, agrega la profesora Ivonne Suárez. “Ellas, las víctimas, son protagonistas principales de este esfuerzo, desde la academia, con el apoyo de la Gobernación de Santander. Ellas están comprometidas en hacer memoria, en buscar la verdad, en hallar justicia. El compromiso es de todos, para que no volvamos a revivir estas épocas y estos hechos. El objetivo es que todos trabajemos sin descanso por consolidar la paz para todos los colombianos”.
Víctimas de varios delitos
El equipo de AMOVI-UIS, comenzando por la profesora Ivonne Suárez, sabe hoy que miles de colombianos no solo fueron y/o son víctimas de la desaparición forzada.
“Nuestra experiencia –dice la profesora–, es que las víctimas de la desaparición forzada padecen también otros delitos”. “Lo que hoy sabemos es que, en muchos casos, las personas desaparecidas también fueron objeto de torturas, despojo de sus tierras u otras pertenencias y desplazamiento”.
Lo que quiere decir la directora de AMOVI-UIS, es que la desaparición forzada trae consigo otros delitos conexos como los ya señalados, lo que no hace otra cosa que incrementar el drama de tantos colombianos víctimas de la violencia.
Pero la situación no solo cobija a las propias víctimas de la desaparición forzada. La gente de AMOVI-UIS descubre, en el transcurso de su trabajo, que los familiares de las víctimas también padecen estos delitos. “Hay casos de familiares de las víctimas que han sido desaparecidos, muertos, desplazados o despojados de sus pertenencias, por el solo hecho de indagar y preguntar por sus familiares desaparecidos durante o en el pos conflicto”, dice Ivonne Suárez.
¿Qué dicen las cifras?
Organismos especializados sostienen que 9 millones de colombianos resultaron víctimas de la violencia durante el conflicto armado.
En Santander se calcula que 250.000 habitantes se hallan dentro de esta categoría, es decir, como víctimas de la violencia. Cuando hablamos de personas desaparecidas, de manera forzada, nos hallamos con cifras superiores a las 4.000 en el departamento.
Pero la profesora Ivonne Suárez sostiene que es difícil hablar de cifras exactas para referirnos a víctimas de la violencia durante el conflicto armado. “Sabemos– dice — de personas que no denuncian por temor a las consecuencias que ello les pueda generar”. “Ya hemos dicho que incluso hay familiares de las víctimas que han desaparecido o han sido desplazados por el solo hecho de indagar sobre las víctimas de la violencia que forman parte de su entorno”.
Todo ello hace muy difícil tener cifras exactas sobre los colombianos que han padecido la violencia. Aun así, AMOVI-UIS y su directora, sostienen que luchar por la justicia es parte de la ética humana. Tiene la certeza que las víctimas de la violencia en Santander tienen un altísimo nivel de confianza en el trabajo que viene realizando la UIS y sabe la profesora Ivonne que es responsabilidad de la UIS trabajar hombro a hombro con los colombianos que han padecido la violencia.
“Es una forma de vincular la universidad con la comunidad, afirma, y es nuestra obligación como humanos, trabajar por la justicia. Solo así garantizamos la paz y garantizar la paz es garantizar la democracia”.
