Martín Parra
La congresista colombiana Jennifer Pedraza, oriunda del municipio de Floridablanca, se pronunció enérgicamente contra la reciente directriz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordena la adecuación de un centro de detención en Guantánamo para albergar a 30.000 migrantes indocumentados considerados «los peores criminales».
Pedraza calificó la medida como una flagrante violación a los derechos humanos y la comparó con los campos de concentración utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. «La comunidad internacional no puede permitir esto. ¿Estos son los campos de concentración modernos? ¿Ya no para judíos, pero ahora para migrantes? Migrar es un derecho. Y aunque sea ilegalmente, no es un DELITO. ¡DESPIERTEN!», expresó a través de sus redes sociales.
Su posición ha encontrado eco en otros sectores políticos, como el de la senadora María José Pizarro, quien también cuestionó la política migratoria de Trump y lamentó que algunos sectores en Colombia justifiquen la medida. «La historia juzgará a quienes cohonesten esta nueva política internacional que amenaza los derechos humanos», declaró Pizarro.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha generado preocupación en América Latina, especialmente en Colombia, donde recientemente más de 200 connacionales fueron deportados en condiciones que han sido catalogadas como indignas. El excanciller Luis Gilberto Murillo confirmó que ninguno de los deportados tiene antecedentes judiciales, lo que contradice la justificación de la administración Trump sobre el supuesto perfil criminal de los migrantes detenidos.
Jennifer Pedraza, quien ha sido una voz destacada en la defensa de los derechos humanos y las políticas sociales en Colombia, insistió en la necesidad de que la comunidad internacional reaccione y tome medidas frente a lo que considera una amenaza a la dignidad humana. «Hoy son los migrantes, mañana pueden ser otros. La historia nos ha demostrado lo peligroso que es normalizar este tipo de medidas», enfatizó.
La situación sigue generando debate y se espera que organizaciones de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos se pronuncien al respecto en los próximos días.
