El peaje La Punta trndrá descuestos especiales desde el 4 de junio. Foto: Archivo
Darlin Ramírez Leiva
Han sido muchos los años que la comunidad residente en La Mesa de Los Santos le ha dicho «no» al peaje La Punta.
Y es que, según veedores del sector, este es ilegal, ya que fue instaurado por la Gobernación de Santander, y tal como figura en los artículos 150-12 y 338 de la Constitución Política, solo el Congreso de la República tiene la facultad para autorizar este tipo de tributos.
Pese a que se había luchado para acabar con el mismo, en noviembre del año pasado, la Gobernación de Santander le volvió a dar vía libre a este peaje mediante la Ordenanza 049 de 2024.
Por esta razón, desde la Veeduría UNIMESAN instauraron una acción de nulidad contra la ordenanza, debido a que no fueron informados sobre la continuidad del peaje y el cobro de este nunca se ha visto reflejado en el mejoramiento de las vías de la zona.
«Ese cobro es una tasa retributiva para la Gobernación Departamental y lo incluyen en el presupuesto, por ilegalidad de eso, nosotros demandamos esa ordenanza… Hemos presentado derechos de petición, es más, la Defensoría del Pueblo le mandó un escrito a la Gobernación informando que tenía que tener en cuenta a las veedurías, pero ha hecho caso omiso», precisó Ramiro Meneses, integrante de UNIMESAN.
Para intentar mediar, el gobierno departamental formó un comité que, según los veedores, es totalmente ilegal pues no han hecho socialización sobre lo que implica el peaje y en qué se van a invertir los recursos.
Precisamente, para este sábado 20 de septiembre, el gobernador convocó una reunión a la que los veedores no quisieron asistir porque la Gobernación no les ha respondido sus derechos de petición; porque la concesión que tuvo a cargo el peaje por 20 años, no entregó ningún informe de liquidación y tampoco se vieron jamás las actividades que debían realizar ni cómo se invirtieron esos recursos generados; y porque la convocatoria fue irregular.
Desde UNIMESAN son contundentes y piden que se elimine el peaje pues perjudica a las personas, campesinos, estudiantes y demás comunidades que, por no tener una vía alterna, deben pagar más de 17 mil pesos cada vez que pasan por el peaje La Punta.
«Nos sentimos prácticamente secuestrados y extorsionados, porque si no tenemos la plata, pues no podemos salir, entonces, no estamos de acuerdo con eso… Ya presentamos a la Contraloría un escrito para que asuman el contrato de liquidación de Construvicol que terminó el 2 de enero de este año», añadió Meneses.
Los veedores y la comunidad se preguntan dónde están los impuestos que pagan para arreglo de vías o incluso los recursos que la Gobernación recibe para lo mismo y esperan que se usen en mejoramiento, porque la carretera donde está el peaje y también, las vías terciarias, están en pésimas condiciones y no son del todo aptas para el tránsito de vehículos.
