Pequeños mineros del municipio de Vetas, en el departamento de Santander, han decidido declararse en desobediencia civil en respuesta a la propuesta del Ministerio de Ambiente de establecer una Zona de Reserva Temporal en la región. La medida, que busca restringir actividades mineras en áreas estratégicas, ha generado rechazo entre los trabajadores del sector, quienes consideran que la iniciativa pone en riesgo su sustento y el de miles de familias.
Este miércoles, cientos de mineros se concentraron en el municipio para manifestar su inconformidad con la decisión gubernamental. Durante la jornada de protesta, los líderes comunitarios solicitaron que se convoque una consulta popular para que la población tenga la oportunidad de decidir sobre el futuro de la minería en la zona.
Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California, manifestó que «la imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región». Según datos de organizaciones locales, más de 35.000 personas dependen directa o indirectamente de la minería en Soto Norte, por lo que la prohibición de la actividad podría provocar una crisis humanitaria y desplazamientos forzados.
Las comunidades afectadas han planteado varias exigencias al Gobierno Nacional, entre ellas la instalación de una mesa técnica que permita el diálogo con las autoridades ambientales, la inclusión de los aportes de los mineros en el proceso de ordenamiento territorial y la suspensión de la implementación de la Zona de Reserva Temporal hasta que se realice una consulta amplia y participativa.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente ha aclarado que la declaratoria de la Zona de Reserva Temporal aún no es oficial y que el proyecto se encuentra en etapa de consulta pública. Asimismo, ha señalado que la pequeña minería tradicional no será afectada y que los títulos mineros vigentes con instrumentos ambientales no se verán frenados.
A pesar de estas declaraciones, los mineros han anunciado que continuarán con acciones de protesta, incluyendo marchas y plantones, hasta obtener garantías sobre su derecho al trabajo y la autonomía territorial. Mientras tanto, la incertidumbre crece en la región, a la espera de una solución que equilibre la protección ambiental con el desarrollo económico de las comunidades.
