Un nuevo caso que despierta interrogantes está siendo objeto de investigación en la Alcaldía de Bucaramanga. Se trata de Marly Peña Mora, profesional en Química Ambiental, quien habría acreditado para su contratación un título de formación denominado “Especialización Técnica en Evaluación de Impacto Ambiental” del SENA, con fecha del 17 de febrero de 2012, mientras que su título profesional aparece con fecha posterior, el 01 de diciembre de 2017.
El asunto cobra relevancia porque, según el acta de verificación de experiencia e idoneidad de la contratación, el requisito exigido era: “una persona natural; profesional en química ambiental o afines con posgrado”. (ACTA DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD)
Y aquí aparece la primera gran pregunta: ¿el título presentado por Peña Mora corresponde realmente a un posgrado de educación superior que pudiera acreditar el requisito contractual, o se trata de una formación técnica que no tiene ese mismo alcance?
La legislación educativa distingue entre las diferentes modalidades de especialización y establece requisitos específicos para que una especialización tenga carácter de posgrado.
A esto se suma una segunda inconsistencia que merece ser esclarecida: la fecha del supuesto título de especialización sería anterior a la obtención del título profesional, una situación que requiere explicación documental sobre cuándo se cursaron los estudios, bajo qué modalidad y qué título fue efectivamente expedido.
El contrato objeto de revisión tuvo una duración de cuatro meses y 20 días y un valor de $32.666.666,67, equivalente a cerca de $7 millones mensuales. (MINUTA CPS 2844 DEL 30 DE JULIO DE 2025 – Página 2 de 3)
Pero el caso no termina allí. Peña Mora continuaría vinculada a la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración del alcalde Cristian Portilla, y, según fuentes consultadas para esta investigación, tendría funciones relacionadas con la coordinación de profesionales y técnicos en asuntos ambientales.
El parecido con el caso de Juliana Guerrero, que generó una fuerte controversia nacional durante el gobierno de Gustavo Petro por cuestionamientos relacionados con sus credenciales académicas, resulta inevitable. La diferencia es que, en este caso, las preguntas apenas comienzan y deberán ser respondidas por la alcaldía de Bucaramanga.
¿Estamos ante una simple inconsistencia documental? ¿Un error en la verificación de requisitos? ¿O una eventual acreditación de estudios que no cumplían las condiciones exigidas en el contrato?
Eso es precisamente lo que estamos investigando.
@ELDENUNCIANTEo
