Martín Parra
Personas provenientes de seis municipios de Santander se congregaron en Bucaramanga para protestar contra una resolución del Ministerio de Ambiente que busca establecer una zona de reserva de 75.000 hectáreas fuera del Páramo de Santurbán.
Los manifestantes, en su mayoría pequeños mineros y habitantes de la provincia de Soto Norte, aseguran que la medida afectará directamente su sustento, ya que la minería es la principal actividad económica de la región. Según voceros de las comunidades, más de 35.000 personas dependen de la minería en estos municipios y podrían verse perjudicadas por la restricción del uso del suelo en la nueva área protegida.
Antecedentes y contexto
La protesta de este martes se suma a una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses en contra de las políticas ambientales del Gobierno Nacional en la región. En septiembre de 2024, pequeños mineros se movilizaron frente a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), exigiendo claridad sobre las áreas de reserva propuestas por el Ministerio de Ambiente. Posteriormente, en octubre, delegaciones de mineros y campesinos viajaron hasta Bogotá para protestar en las instalaciones del ministerio, rechazando el Decreto 044 de 2024, el cual establece Áreas de Reserva Temporal en varias regiones del país.
Decisiones judiciales y exigencias de la comunidad
En diciembre de 2024, un fallo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga ordenó al Ministerio de Ambiente garantizar el derecho a la información de los pequeños mineros afectados. La decisión judicial obligó al ministerio a responder en un plazo máximo de 48 horas las inquietudes de la comunidad sobre la implementación de la nueva área de reserva. En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bucaramanga ratificó la decisión en segunda instancia, subrayando la vulneración del derecho a la información por parte del Gobierno Nacional.
Reacciones y próximos pasos
Durante la jornada de protesta en Bucaramanga, líderes comunitarios exigieron una mesa de diálogo con el Ministerio de Ambiente para revisar los impactos de la medida y buscar alternativas que permitan la formalización minera sin afectar el ecosistema del Páramo de Santurbán. Hasta el momento, la cartera ambiental no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las manifestaciones ni sobre la posibilidad de revisar la resolución.
Las comunidades de Soto Norte han anunciado que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, intensificarán las protestas y llevarán el caso ante organismos internacionales en defensa de su derecho al trabajo y la sostenibilidad de sus territorios.
