Martín Parra
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, fijó la posición del departamento frente al Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno nacional en el marco del estado de emergencia económica, al advertir que las nuevas medidas tributarias podrían comprometer la estabilidad financiera de los departamentos y afectar la inversión en sectores estratégicos como salud, educación y deporte.
Díaz Mateus se sumó al pronunciamiento colectivo de los gobernadores del país, articulado a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que anunció la evaluación de acciones jurídicas ante la Corte Constitucional para controvertir el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %. Para los mandatarios, estas medidas reabren el debate sobre los límites de la autonomía fiscal de los territorios.
Desde la Gobernación de Santander se advirtió que el impacto del decreto no es marginal. El Impuesto al Consumo representa una de las principales fuentes de ingresos propios de los departamentos y financia programas sensibles del gasto social. En un escenario de presión presupuestal, un ajuste de esta naturaleza podría reducir la capacidad de respuesta institucional frente a las demandas ciudadanas.
La postura de Santander coincide con lo expresado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien señaló que los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional para exponer los efectos del decreto no solo sobre las finanzas territoriales, sino también sobre derechos fundamentales. “Queremos que la Corte escuche a los gobernadores sobre los impactos negativos que estas medidas pueden tener en la salud y la educación”, afirmó.
En la misma línea, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sostuvo que los mandatarios acudirán a los mecanismos jurídicos disponibles para que sean los órganos competentes los que definan la legalidad de las decisiones adoptadas bajo la emergencia. Según indicó, se evaluará la interposición de acciones de tutela y el uso de figuras como la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que el decreto podría vulnerar principios establecidos en la Constitución.
Para el gobernador de Santander, el debate debe darse en el marco de la institucionalidad y por las vías constitucionales. En ese sentido, el departamento respaldó la estrategia jurídica acordada por los gobernadores, que busca suspender o revisar los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo.
El pronunciamiento se produce en un contexto de tensión política entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron cuestionadas por los mandatarios departamentales, quienes reclamaron respeto por la institucionalidad que representan y por el mandato ciudadano conferido en las urnas.
Más allá del cruce de declaraciones, el trasfondo es económico y estructural. Para los departamentos, la declaratoria de emergencia y sus decretos reglamentarios vuelven a poner sobre la mesa una discusión de vieja data: el equilibrio entre centralización fiscal y descentralización administrativa. Desde Santander se advierte que decisiones adoptadas desde el nivel central pueden trasladar a las regiones los costos de ajustes nacionales, debilitando su capacidad de inversión social.
En paralelo, el gobernador Díaz Mateus respaldó el llamado de los mandatarios departamentales para que el Gobierno nacional convoque con urgencia Consejos Regionales de Seguridad, especialmente de cara al próximo periodo electoral, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país.
Mientras la Corte Constitucional avanza en el estudio del decreto que declaró el estado de emergencia, la posición de Santander refleja una postura que combina defensa de la autonomía territorial, preocupación por el impacto económico de las medidas y respaldo a las vías institucionales como mecanismo de resolución del conflicto entre la Nación y las regiones.
