Ferley González anuncia la medida de prescripción de 26.000 comparendos. Foto: Archivo
Misael Salazar F.
El Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, a cargo de Carlos Alberto Plata Villarreal, ordenó el arresto del actual director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Ferley González y la funcionaria Ana Josefina Lastra Colobón, jefe de la Oficina de Ejecuciones Fiscales del mismo despacho.
La decisión del juzgado, de fecha 21 de julio de 2023, se produce porque, de acuerdo con el despacho, el Director de Tránsito y Transporte de Floridablanca y la funcionaria citada, incurrieron en desacato al incumplir el fallo de tutela proferido por el mismo juzgado, con fecha 22 de junio de 2023.
El demandante, en este caso, es el señor Luis Antonio Soto Castellanos, quien solicitó un derecho de petición a la DTTF y este despacho no entregó la totalidad de lo requerido por el afectado, violando los derechos del mencionado ciudadano.
En respuesta al juzgado, los funcionarios afectados con la decisión, alegaron -como excusa para incumplir el derecho de petición de Soto Castellanos- que no habían recibido información completa de parte de la empresa de mensajería CHICO-EXPRESS, por lo que se concluye que intentaron responsabilizar a dicha empresa por el desorden imperante en la DTTF.
El juzgado solicitó información a la empresa de mensajería y esta alegó que toda la información con destino a la DTTF fue entregada. Dejó claro que todo lo recibido con destino a la Dirección de Tránsito fue remitido en su totalidad. En otras palabras, puso a salvo su responsabilidad.
Con estos elementos y luego de la argumentación jurídica propia del caso, el juez Plata Villareal determina que tanto el Director de Tránsito, Ferley González, como la señora Ana Josefina Lastra Colobón, “…incurrieron en desacato al no dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por este juzgado el 22 de junio de 2023”.
Como consecuencia, el juez ordena imponer 3 (tres) días de arresto a los citados funcionarios y especifica que la sanción se debe cumplir en la Estación de Policía donde se produzca su arresto. Adicionalmente, les impone una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales.
El juzgado resuelve, además, compulsar copia de la decisión a la Fiscalía General de la Nación, “para que investigue la posible comisión del delito de Fraude a Resolución”, en el cual pudieron haber incurrido los funcionarios.
De acuerdo a la orden del juzgado, los funcionarios ya debieran estar cumpliendo el arresto de tres días.
