El representante, Álvaro Rueda, solicitó investigar al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. Collage: Ciudad Florida
En plenaria de la Cámara de Representante, el parlamentario Álvaro Rueda denunció lo que está sucediendo con el peaje de La Mesa, haciendo un llamado al Ministerio de Transporte, de la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que inicien una investigación.
En su intervención, el parlamentario explicó que la concesión de este peaje, que durante 20 años tuvo la firma Construvicol, terminó el 4 de enero de 2025, pero «lo insólito es que la gobernación de Santander le dio continuidad al cobro de peaje de forma directa, sin una nueva concesión y sin fundamento legal» destacó.
«El gobernador creó un impuesto motivado falsamente en la ley 2 de 1980 y 105 de 1993, como si esas leyes facultarán a las asambleas departamentales para crear el impuesto denominado peaje. La comunidad usuaria de la vía reclama y pide que cese el atropello y hoy pido una severa investigación de los órganos de control», destacó el representante Álvaro Rueda.
El congresista enfatizó que en el gobierno departamental se ve improvisación en este asunto, con «un contrato exprés de tres meses con Thomas Instruments, radicado incluso antes de abrirse el proceso, luego un convenio con el Idesan por $2.600 millones que terminó siendo una simple intermediación sin personal ni equipos para operar», denunció Rueda.
El representante, además, expuso que hay un nuevo contrato con la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, integrada otra vez por Thomas Instruments, «con pliegos acomodados, un solo oferente y nulas garantías de competencia. En esta parte de la exposición, Rueda Caballero le preguntó al general Díaz Mateus: “¿Gobernador y la transparencia qué?».
Álvaro Rueda dijo que los peajes deben ser instrumentos para garantizar infraestructura y desarrollo, no medios para la acumulación y el sostenimiento del poder.
