El brigadier general, reconocido por liderar la Operación Perseo en El Plateado, enfrenta una investigación de la Fiscalía por hechos ocurridos en 2024. Estos son los antecedentes del caso y la trayectoria del alto oficial.
Martín Parra
El brigadier general Federico Alberto Mejía pasó de ser uno de los oficiales más visibles del Ejército Nacional durante la ofensiva contra las disidencias de las FARC en el suroccidente del país a convertirse en protagonista de una investigación penal que hoy sacude a las Fuerzas Militares.
La Fiscalía General de la Nación anunció este 21 de agosto de 2026 que formulará imputación de cargos contra el alto oficial por su presunta participación en la liberación irregular de un hombre capturado con estupefacientes durante un operativo militar en el departamento del Cauca.
El caso se remonta al 31 de enero de 2024, cuando Mejía era comandante del Comando Específico Especial Conjunto del Cauca (CECAU). Según el ente investigador, el oficial habría ordenado que el capturado fuera devuelto al corregimiento de El Plateado, en Argelia, junto con la droga que le había sido incautada.

Un oficial con más de tres décadas de carrera militar
Federico Mejía pertenece al arma de Infantería y acumula más de 34 años de servicio en el Ejército Nacional. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos de mando en unidades estratégicas y de formación militar, entre ellos la Dirección de la Escuela de Infantería, la Brigada de Selva No. 22, la División de Fuerzas Especiales y la Tercera División del Ejército, responsable de las operaciones militares en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Más recientemente se desempeñaba como jefe de Educación y Doctrina del Ejército Nacional.
Su nombre ganó notoriedad nacional durante la denominada Operación Perseo, una de las mayores intervenciones militares del Gobierno colombiano para recuperar el control del corregimiento de El Plateado, considerado uno de los principales bastiones de las disidencias de las FARC en el cañón del Micay.

La investigación que abrió la Fiscalía
El proceso judicial gira alrededor de un operativo realizado por tropas del Ejército en una zona rural de Argelia, Cauca. Soldados capturaron a un hombre identificado por las autoridades como Melciades Guaca Armero, a quien le fueron encontrados aproximadamente 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. El detenido fue trasladado en un helicóptero militar hacia Popayán para iniciar el proceso de judicialización.
Sin embargo, la investigación sostiene que, una vez en la capital caucana, los militares recibieron la orden de dejarlo en libertad y regresarlo al lugar donde había sido capturado, junto con la sustancia incautada. De acuerdo con documentos conocidos durante la investigación, en ese procedimiento participaron 36 militares, entre ellos tres oficiales superiores, además de dos aeronaves del Ejército utilizadas para el traslado del capturado.
Los documentos y la controversia
La polémica creció luego de que salieran a la luz documentos oficiales y videos relacionados con el procedimiento militar. El Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al Ejército entregar información solicitada por un periodista al considerar que la institución no justificó adecuadamente la reserva de esos documentos.
Las investigaciones periodísticas señalan que existe un oficio firmado por el propio general Mejía en el que el Comando Específico del Cauca reconoce que se impartió la orden de liberar al capturado.

La defensa del general Mejía
El brigadier general ha rechazado las acusaciones y sostiene que nunca impartió una orden ilegal. Su versión indica que el procedimiento respondió a un riesgo de asonada por parte de habitantes de la zona y que la prioridad era preservar la vida de los soldados que participaban en la operación.
El oficial también ha manifestado que informó oportunamente lo ocurrido a sus superiores y que será en los estrados judiciales donde demostrará la legalidad de sus actuaciones.
Lo que sigue en el proceso
La Fiscalía radicó la solicitud de formulación de imputación ante un juez competente. En esa audiencia el ente acusador presentará formalmente los cargos contra el oficial, quien podrá aceptarlos o rechazarlos, mientras continúa la investigación. Es importante precisar que la imputación de cargos no constituye una condena.

