La Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta dejó sin efecto los registros mediante los cuales el congresista del Centro Democrático, Oscar Villamizar Meneses y sus hermanos, se quedaron con un predio que le fue despojado a una familia en el municipio de Girón
El juzgado también le pide a la Fiscalía General de la Nación que investigue la forma como a los campesinos les fue arrebatada la propiedad del predio, denominado Puerto Rico, cuya extensión es de 1,7 kilómetros cuadrados. Y paralelamente, el ente contralor debe proceder a averiguar cómo, luego de pasar por dos propietarios, la finca terminó en manos del congresista santandereano y sus hermanos.
El congresista en líos resultó electo por el partido Centro Democrático
La pugna es mayúscula, pues tiene que ver con el conflicto armado, la familia del congresista santandereano del Centro Democrático, la trasnacional Exxon y, desde luego, la familia desplazada a la cual terminaron “comprándole” el predio por una cuarta parte de lo que realmente costaba.
¿Cómo sucedieron los hechos?
El proceso investigativo que llevó a cabo el juzgado, antes de emitir sentencia, indica que el caso que enreda al congresista Villamizar Meneses, hijo del exsenador Alirio Villamizar Afanador, comenzó en 1997.
Por esa época, gran parte del territorio colombiano era escenario del conflicto armado. Santander y Girón no eran la excepción.
En octubre de ese año, llegaron a la casa de la señora Martha Capacho, en Girón, varios hombres armados. Cuenta la señora, en su declaración al tribunal, que agarraron la puerta de la casa a patadas y le dijeron que debían abandonar la finca porque su vida corría peligro. Según el testimonio de la señora, los acusaron de proporcionarle información al Ejército.
Desde ese momento, Martha, su esposo y sus hijos se convirtieron en desplazados y comenzó el proceso del despojo de su finca, hasta terminar en poder de la familia Villamizar.
La investigación del Juzgado determina que ya desplazados y con la finca abandonada, a la familia Capacho le plantean un negocio para cambiar la finca por una casa que se hallaba embargada. A la familia no le quedó otra opción que aceptar, a pesar de las condiciones desventajosas.
En las escrituras, dice el tribunal, aparece la transacción por 49 millones de pesos. Pero el mismo juzgado solicita al Instituto Agustín Codazzi un peritaje y el órgano especializado informa que el precio real del predio era de unos 226 millones de pesos.
En otras palabras, obligaron a la familia a engrosar la lista de desplazados y luego “legalizan” el despojo por 49 millones de pesos, cuando en realidad el predio costaba más de cuatro veces esa cifra.
En el primer capítulo de este despojo, la finca pasa por dos propietarios (ambas mujeres), antes de quedar en manos de los hermanos Villamizar, incluido el congresista del Centro Democrático.
Los Villamizar Meneses adquieren el predio
En el 2008, 11 años después del desplazamiento forzado de la señora Martha Capacho y su familia, Oscar Villamizar y sus hermanos se hacen propietarios del predio.
En estos casos, los compradores, es decir, los hermanos Villamizar, debían tener la certeza que la finca a adquirir no tenía vínculos o relación con los problemas propios del conflicto armado. El tribunal señala que los hermanos Villamizar debieron cerciorarse que la propiedad no había pertenecido a ningún desplazado y menos que había sido producto de un despojo.
Uno de los hermanos Villamizar, Danny, le dice al tribunal que ellos averiguaron y preguntaron sobre este particular y todos los interrogados les dijeron que la finca no tenía problemas legales. Pero sí los tenía, tal como lo determina el juzgado a través de la Sala de Restitución de Tierras.
Los hermanos Villamizar Meneses le entregan al Tribunal un documento expedido por la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, donde la unidad militar sostiene que en la vereda Marta de Girón, donde se halla el predio, no se había detectado la presencia de grupos al margen de la ley. El informe daba cuenta de la situación de tranquilidad en Girón, durante los años 2006 y 2007.
Los hermanos Villamizar debieron presumir que el tribunal iba a rechazar esa prueba, por cuanto el reporte de tranquilidad ciudadana data de los años 2006 y 2007 y la señora Martha, su esposo y sus hijos fueron desplazados de la finca en 1997, es decir, 9 años antes. ¿Quisieron engañar al tribunal? Esa pregunta la deben responder Oscar Villamizar y sus hermanos.
Hay otras preguntas que deberían responder los hermanos Villamizar. En su intento de defensa, acusan a Oscar Duarte, esposo de la señora Martha Capacho, de haber utilizado la finca Puerto Rico como desguazadero de vehículos.
El juzgado también deja sin efecto esta supuesta prueba, por cuanto el delito del cual acusaron a Duarte se cometió mucho después de la fecha en que se produjo el desplazamiento y los hechos no sucedieron en la finca sino en otro lugar. Eso es lo que dice el tribunal.
También los hermanos Villamizar quisieron hacerle creer al tribunal que la señora Martha Capacho no era víctima de desplazamiento forzado y que no se hallaba inscrita en el plan de restitución de tierras. El juzgado les demostró que estaban equivocados. O, probablemente, fue otro intento de engañar al tribunal.
Este es apenas el primer capítulo del enredo en que se halla el congresista del Centro Democrático y sus hermanos. Aún hay mucho que contar en esta historia.
