Mauricio Aguilar fue imputado por la Fiscalía. Foto: Archivo
Misael Salazar F.
La investigación que llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación y que condujo a la imputación de cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, detectó muchas presuntas irregularidades en que habría incurrido el exmandatario respecto a la sede del colegio de Suaita.
Uno de los primeros hallazgos de la Fiscalía cuando inició la investigación contra el exmandatario departamental, es que el elefante blanco en que se convirtió la sede del colegio Lucas Caballero de Suaita, no le costó al Estado 15.258 millones de pesos, sino 21.780 millones de pesos.
Un boletín de prensa colgado en la página web de la Fiscalía, destaca que Aguilar Hurtado ordenó un desembolso inicial de 15.280 millones de pesos para la sede del colegio, pero luego aprobó una adición por 6.500 millones de pesos, sumando en total 21.780 millones de pesos para una sede que hoy, tres años y medio después, no existe.
Agrega el boletín de prensa del ente de control, que el exgobernador aprobó un desembolso por 551 millones de pesos para la adquisición del predio donde debía construirse la sede del colegio, pero que un ingeniero de la secretaría de Infraestructura había advertido sobre la inviabilidad del lote.
El predio, según las observaciones hechas por el ingeniero, era inviable, por cuanto por allí pasaban fuentes hídricas, contenía bosque nativo y tenía una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. A pesar de las observaciones, el terreno fue adquirido y una decisión de la CAS ordenó la paralización de la obra, posteriormente, por violar normas ambientales.
En otro aparte del informe de la Fiscalía, se señala que el contrato para la construcción del colegio Lucas Caballero fue suscrito inicialmente por 15.280 millones de pesos, a pesar de que la obra no tenía licencia ambiental, los estudios y diseños se hallaban incompletos y el presupuesto no alcanzaba para la construcción de todos los trabajos que se requerían.
Con todo el acervo investigativo hecho por la Fiscalía, el ente de control imputó a Mauricio Aguilar Hurtado los supuestos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El exgobernador no aceptó los cargos.
