La violencia intrafamiliar sucede en muchos hogares santandereanos y colombianos. Foto de referencia
Gerardo Castro Pérez
El reciente caso protagonizado por el exdiputado de la Asamblea departamental de Santander Jesús Alfredo Ariza Obregón y su compañera sentimental Stefanny Pico Tenorio, comunicacionalmente ha trascendido fronteras mientras en la región, damas santandereanas, esposas de políticos, han activado la alerta roja.
Ciudad Florida dialogó con Martha (nombre supuesto para resguardar su verdadera identidad) compañera permanente de un reconocido líder político de Santander y así se desarrolló la entrevista.
Ciudad Florida: Señora Martha, ¿cuál es su interés de hacer públicas sus declaraciones?
Señora Martha: Comienzo por decirles que el tema de violencia en el ámbito familiar no es exclusiva responsabilidad de actores políticos. Ella, la violencia intrafamiliar, se puede dar -y se da- en cualquier núcleo familiar. Mi interés es coadyuvar, concretamente, a novias o esposas de políticos que estén pasando por situación difícil en cuanto a su relación sentimental.

La violencia intrafamiliar es un fenómeno recurrente entre los santandereanos. Foto referencial
C.F.: Su caso concreto ¿cuál es?
S.M.: Ese, precisamente, víctima de violencia intrafamiliar por parte de mi esposo quien es político muy conocido en el departamento. Él, quien ante sus seguidores, sus amistades y ante los periodistas se muestra como un bonachón, una mansa paloma, pero que en el hogar se transforma hasta convertirse en bestia.
C.F.: ¿y usted ha sido violentada psicológica o físicamente por su compañero? y de ser así ¿Por qué no se ha separado?
S.M.: Efectivamente tuve que soportar un calvario durante largo tiempo recibiendo insultos, desprecio, y en dos oportunidades golpes. Ahora, ¿que por qué no me he separado?… pues porque he tratado de actuar con inteligencia, paciencia y prudencia.

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C.F.: Dice usted: “tuve” que soportar. ¿Quiere decir que hoy día no está siendo maltratada?
S.M.: Le cuento. Por sugerencia de una amiga (novia de otro político) que conocía de mi situación, yo, en la casa, cada que él llegaba con tragos siempre ubicaba el celular en sitio estratégico y lo ponía a grabar. Obtuve la prueba, y cualquier día senté a mi marido, le mostré las imágenes y le dije que si lo volvía a hacer subía los videos a las redes y que hasta ahí le llegaba su carrera.
C.F.: Y ¿cuál fue la reacción de él?
S.M.: Reacción agresiva, brutal, feroz y salvaje. Quiso quitarme el celular para borrar los videos. Solo desistió cuando le dije que los había compartido con mi madre y ella me los estaba custodiando.
C.F.: ¿Y qué pasó en adelante?
S.M.: En cuanto a él, no me volvió a agredir. Lo puse “a caminar finito” y la verdad es que ha cambiado mucho y en este momento en común acuerdo, por el bien de nosotros y de nuestros hijos, estamos tratando de restaurar la relación. De otra parte, permítame señor periodista agregar que, dada mi amarga experiencia, opté por convertirme en samaritana y con mucho sigilo aconsejo amigas -por supuesto esposas, novias y compañeras de políticos- para que no permitan ser atacadas, y de ocurrir, que graben los hechos para el escarnio público.
C.F.: ¿Sabe usted de otros casos con similitud al suyo?
S.M.: Efectivamente, dos casos más tal cual el mío y el de la esposa del exdiputado de la Asamblea. Violencia psicológica y física por parte de los maridos, ellos, políticos reconocidos en la región y con gran prestigio.
C.F.: ¿Pero ellas dos también han grabado videos?
S.M.: Claro, yo les sugerí hacerlo y ellas ya tienen el material audiovisual probatorio, yo los he visto, y les he aconsejado poner en práctica mi estrategia del diálogo con sus esposos para superar la infamia. Pero no, ellas no son mujeres de concertación y cada una por su lado solo están esperando que los tipos las vuelvan a agredir, me dicen, que para entregarle los videos al abogado y opinador Oscar Jahir Hernández y que él se encargue del escándalo.
Código Penal Artículo 229. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
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