En respuesta a las inquietudes sobre posibles expropiaciones aceleradas en el marco de la conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha aclarado que no se contempla ninguna medida de «expropiación exprés» y que la propiedad privada no está en riesgo.
El pronunciamiento de la entidad surge tras la discusión sobre la Jurisdicción Agraria y Rural, un proyecto de ley que busca establecer tribunales especializados para la resolución de conflictos de tenencia de tierras. Dicho proyecto, que ha sido aprobado en las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes con un respaldo mayoritario, no contempla mecanismos que permitan una expropiación inmediata ni arbitraria de tierras.
Garantías sobre la propiedad privada.
Según informó la ANT, el proyecto de ley mantiene la obligación de un proceso judicial para cualquier expropiación, con la diferencia de que los casos serán evaluados por jueces especializados en asuntos agrarios en lugar de jueces ordinarios. Además, se ha dejado claro que cualquier expropiación continuará realizándose bajo la figura de compra forzosa a valor comercial y no catastral, disipando así los temores sobre posibles afectaciones a la propiedad privada.
El debate sobre esta legislación ha sido intenso, en particular por las preocupaciones de sectores conservadores y opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, modificaciones en la redacción del proyecto lograron consenso, permitiendo su aprobación sin votos en contra.
Balance en la adquisición de tierras
Desde el inicio del gobierno de Petro, la Agencia Nacional de Tierras ha adquirido 448.544 hectáreas, de las cuales 186.116 corresponden a 2024. Estas tierras han sido entregadas a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, como parte del compromiso del Ejecutivo con la reforma agraria y la equidad en el acceso a la tierra.
Con esta aclaración, el Gobierno busca desmentir rumores sobre medidas extremas y reafirmar su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de propiedad en el país.
